GRANADA, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -
El alcalde de Granada, José Torres Hurtado (PP), apoyó hoy el derecho de los familiares de encontrar a las personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la represión franquista, después de conocer que el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón se ha declarado competente para investigar los crímenes cometidos durante este período y ha autorizado la exhumación de los restos de 19 fosas comunes, entre ellas la del poeta granadino Federico García Lorca.
Preguntado por los periodistas, Torres Hurtado consideró que Garzón "está en su perfecto derecho de hacerlo si lo considera oportuno", así como de proceder a la identificación de los cadáveres que reposan en las fosas. En este sentido, mostró su apoyo al derecho de los familiares de "recuperar" a los desaparecidos y "podérselos llevar", concluyó.
El Ayuntamiento de Granada envió a Garzón el pasado 9 de octubre el listado con 515 fallecidos que fueron condenados en juicios militares desde el período de 1939 hasta 1945 y cuyos nombres fueron recopilados de los archivos del cementerio de San José.
Los 515 fallecidos fueron ejecutados por pena de muerte ordenada por tribunales militares desde 1939, si bien fuentes municipales indicaron que será "difícil determinar si todos ellos corresponden a la causa requerida", puesto que junto a sus nombres no aparecen anotaciones en cuanto a sus vinculaciones políticas.
En cuanto a la localización de los cadáveres, cabe destacar que en los archivos investigados aparecen lugares que son "difíciles de situar en la actualidad", bien por la nomenclatura o porque esos lugares ya no existen.
Aunque Garzón requirió información desde julio de 1936, estos datos no existen en el camposanto, si bien el Ayuntamiento también entregó al juez un informe con los "escasos datos" del Archivo Histórico que cuenta, además, con documentación aportada por particulares que quisieron informar del asesinato durante la Guerra Civil y la represión franquista de sus familiares y del lugar donde pudieron ser enterrados.
Por su parte, la Universidad de Granada entregó en septiembre en la Audiencia Nacional un informe socio-político que realizaba una disección de la agitación vivía Granada en el momento en el que se produjo la sublevación nacional y una lista con 6.376 desaparecidos entre 1936 y 1955.
La información fue recopilada con datos del Registro Civil, actas judiciales, publicaciones e investigaciones de campo, con lo que se elaboró un documento inicial contrastado. No obstante, de los 6.376 desaparecidos de la provincia que se cuantifican en la lista hay 655 personas cuya identidad se desconoce.
