Aseguran que los atrasos en el pago de facturas municipales "llegan a superar los ocho años"
SEVILLA, 18 May. (EUROPA PRESS) -
Los constructores andaluces, representados a través de las patronales andaluza, Fadeco, y sevillana, Gaesco, propusieron medidas para que los ayuntamientos salden sus deudas "de forma urgente", entre las que destacó que el Estado asuma estas deudas, que las ayudas e inversiones a los ayuntamientos estén condicionadas a la acreditación del pago de deudas pendientes, o que se ejerza la responsabilidad disciplinaria sobre funcionarios que incurran en incumplimientos de obligaciones en materia de contratación y pagos.
Según indicaron las patronales en una nota, los presidentes de Gaesco, Miguel Rus, y de Fadeco, Federico Muela, propusieron hoy una batería de medidas con el objetivo de que las constructoras de Sevilla y Andalucía "puedan cobrar las facturas que les adeudan muchos ayuntamientos, con atrasos que llegan a superar los ocho años, y que en muchos casos suponen una seria amenaza para la supervivencia de estas empresas".
Los presidentes de la patronal sevillana de la construcción y la promoción inmobiliaria y la patronal andaluza presentaron hoy en las inmediaciones del ayuntamiento de Castilleja de Guzmán (Sevilla) una serie de medidas dirigidas a paliar los efectos que las deudas de los ayuntamientos mantienen con las empresas constructoras.
Las patronales propusieron que exista "un condicionamiento de las ayudas, subvenciones, y otras inversiones públicas en los ayuntamientos a la acreditación del pago de las deudas pendientes"; y demandó que haya "obligación de garantizar los pagos mediante la emisión de títulos ejecutables o factorización de contratos"
Pidieron asimismo "una mayor exigencia y control de la legalidad en las contrataciones, obligando al riguroso cumplimiento de la Ley de Contratos, que exige garantías antes de contratar las obras, entre las que se incluye la certificación de existencia de crédito, así como la fiscalización previa de la intervención".
También demandaron una modificación de la Ley, recuperando la regulación previa a la reforma del 1992, de manera que los particulares y empresarios "puedan reclamar por la responsabilidad personal de los funcionarios que no cumplan con la normativa vigente de control financiero".
Los constructores pidieron el ejercicio de la responsabilidad administrativa y disciplinaria de los funcionarios competentes que incurran en algún tipo de incumplimiento de sus obligaciones y responsabilidades en materia de contratación y pagos.
Asimismo, Gaesco y Fadeco pidieron reunirse con los responsables de las administraciones y organismos competentes, entre los que están el presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, y el de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, el presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), Francisco Toscano, y la consejera de Obras Públicas y Vivienda de la Junta de Andalucía, Rosa Aguilar, además de trasladar su preocupación al Ministerio de Fomento.
El presidente de Gaesco, Miguel Rus, declaró que esta situación de impagos, que aboca al cierre de numerosas empresas, "provoca un número aterrador de desempleados, tanto directos como indirectos, los cuales pasan a ser demandantes de prestaciones por desempleo".
Rus consideró que "sería más rentable para el país que el Estado asumiera estas deudas, encargándose luego de recuperarlas, porque tiene medios para ello, que tener que pagar las prestaciones por desempleo que éstas generan, con ello, además, se lograría mantener el tejido productivo".
Además, recordaron que "mientras que el pago de prestaciones por desempleo por parte de la Administración constituye un gasto, si no se produjeran estos despidos, se procedería al pago de cotizaciones por parte de los empresarios y trabajadores, lo que, por el contrario, constituye un ingreso para las arcas públicas".
El presidente de Gaesco, Miguel Rus, se quejó de que el presidente de la Junta diga que condicionará las ayudas a los empresarios que garanticen empleo, "mientras que no exige condición alguna a los municipios para las ayudas, como ha sido en el caso del Plan Proteja".
"Es inaceptable que continúe la caza de brujas y la demonización de los empresarios, mientras que la Administración incumple de manera reiterada y constante sus obligaciones legales de pagos a las empresas", añadió.
"EL CASO AROA NO ES AISLADO"
Rus hizo mención del caso concreto de una constructora sevillana, Aroa, cuyo gerente, Antonio Díaz, se mantiene en huelga de hambre en protesta por los casi siete millones de euros que le adeudan el ayuntamiento de Castilleja de Guzmán (Sevilla), junto con otros siete ayuntamientos andaluces y donde los constructores pidieron la fijación de un calendario de pagos para saldar la deuda en este ejercicio.
"El caso de la empresa Aroa no es un hecho aislado, ni extraordinario", puntualizó el presidente de Fadeco, Federico Muela, ya que, a su juicio, "son muchas las empresas a las que los ayuntamientos de muchas localidades andaluzas adeudan grandes cuantías, pero que se encuentran cautivas de los mismos, aceptando la espiral del incremento de la deuda, haciendo nuevas obras, con la promesa de que se atenderán sus pagos, pues temen que, de no aceptar, se quede la deuda en el cajón del olvido".
A este respecto, Gaesco recordó la semana pasada que la nueva ley que obliga a pagar a las administraciones en un plazo de 30 días "no es más que una pantomima para confundir a la opinión pública y a alguna empresa despistada, porque si no se atienden a los pagos en 60 días, y no pasa nada, no hay quien pueda creerse que se van a hacer los pagos en 30 días sin que se obligue a ello".
