CECE manifiesta su "sorpresa" e "indignación" ante lo que considera que se está convirtiendo en "una política de ataque abierto"
SEVILLA, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -
La patronal de Escuelas Católicas de Andalucía (ECA) ha señalado que dentro de su "hoja de ruta" con motivo de la retirada de conciertos a varios centros educativos de la comunidad autónoma andaluza se encuentra programado el encuentro con otras patronales --como la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE)--, sindicatos de la enseñanza concertada --con FSIE y USO como principales referentes-- y colectivos de padres de alumnos para afrontar el asunto "conjuntamente".
Así lo ha indicado a Europa Press el secretario general de ECA, Carlos Ruiz, que ha precisado que este viernes la asociación dejará lista una propuesta de actuación de cara a su presentación el próximo viernes 15 de marzo ante la asamblea de titulares y directores, "donde expondremos la situación y tomaremos las medidas adecuadas".
En este sentido, Ruiz ha hecho hincapié en el "choque" que para la patronal ha supuesto la decisión "unilateral" de la Consejería de Educación --máxime cuando en una reunión previa la Junta llamaba a la "tranquilidad"-- a la hora de acometer esta iniciativa, "de suma gravedad" por cuanto las unidades afectadas son de 1º de Educación Infantil y 1º de Educación Primaria, "lo que conlleva que progresivamente irán suprimiendo una línea de Educación Obligatoria".
El secretario general de ECA ha cifrado en diez los centros educativos afectados por esta medida. De éstos, "uno está asumido porque no tiene la demanda necesaria", si bien los otros nueve, repartidos por todo el territorio andaluz, con especial incidencia en Jaén --en Bailén, Linares y Úbeda--, "tienen demanda más que suficiente". La acción de la Junta afectaría a 3.000 familias y casi 200 profesionales.
ACCIONES LEGALES DE PATRONAL Y TRABAJADORES
Por lo demás, Ruiz ha confirmado que la patronal se reserva la ejecución de las medidas legales oportunas "en la defensa de aquello que consideramos que son nuestros derechos". En similares términos se ha expresado la Federación de Enseñanza del sindicato USO en Andalucía, que en un comunicado acusa a la consejera del ramo, Mar Moreno, de actuar "de manera antidemocrática, con opacidad y presunta mala fe", al adoptar decisiones "con gravísimas consecuencias para los trabajadores y familias de estos centros concertados" y sin ser comunicadas ni negociadas.
Sobre este mismo asunto, la secretaria general de FSIE en Andalucía, Silvia Santos, ha asegurado a Europa Press que los empleados de estos centros se adherirán a las medidas judiciales que se tomen, mientras que la portavoz de la plataforma 'Mis padres deciden', Gemma García, mantiene que este colectivo, que representa a los intereses de padres de alumnos de centros de educación diferenciada por sexo --que también recurrirán la retirada de la subvención, junto a los propios colegios--, va a contactar con los centros mixtos afectados para que se sumen al grupo al objeto de formar frente común, en aras de "la libertad de elección".
Precisamente, en lo tocante al modelo pedagógico no mixto, el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) ha publicado este jueves las resoluciones negativas a otorgar la subvención a diez de los doce centros que actualmente se encuentran en esta situación, pues los otros dos --'Campomar', en Aguadulce (Almería), y 'El Soto', en Chauchina (Granada)-- sí se han mostrado dispuestos a aceptar a alumnos de ambos sexos a partir del curso 2013-2014.
En relación al conflicto también se ha pronunciado CECE-A, cuyo secretario general, Rafael Caamaño, ha subrayado a Europa Press su "sorpresa" e "indignación" ante lo que considera que se está convirtiendo en "una política de ataque abierto de la Consejería de Educación hacia la enseñanza concertada, en la renovación de conciertos para el próximo periodo 2013/17 y en la manipulación del proceso de escolarización que está haciendo por la vía de los hechos".
A su juicio, la resolución de la Junta se ha tomado "sin fundamento legal para ello y rompiendo el equilibrio y consenso que, aunque ya de por sí injusto, sin embargo se mantenía en nuestra comunidad autónoma", toda vez que "se lesiona sin razón alguna el derecho de los padres a elegir centro educativo y el de los centros a renovar los conciertos educativos, procedimiento que está regulado por una normativa básica del Estado que la Junta de Andalucía se ha saltado por la vía de los hechos, todo ello incomprensible en un estado de derecho democrático".
"No son precisamente momentos de aumentar la inquietud de los ciudadanos, de provocar más despidos y de abocar a empresas educativas de prestigio a posibles cierres, más aún si se sugieren para ello absurdas razones políticas que, además de arbitrarias, convierten la política no en un servicio al ciudadano, del que lo alejan aún más, sino que la ponen al servicio de intereses partidistas incomprensibles", ha especificado Caamaño, que apostilla su deseo de que "se rectifiquen estas precipitadas decisiones y se vuelva al cauce del sentido común".
