SEVILLA, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -
La Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía da un plazo de tres meses a las agencias de régimen especial, agencias públicas empresariales, sociedades mercantiles, consorcios y fundaciones del sector público andaluz para que informen sobre sus gastos de personal detallando aspectos como "relación de puestos de trabajo, tipo de contrataciones o estructura retributiva".
Así figura en el acuerdo adoptado el pasado 24 de julio por el Consejo de Gobierno por el que se aprueban medidas relacionadas con el cumplimiento del plan económico-financiero de la Junta de Andalucía 2012-2014 que surte efectos a partir de este sábado tras su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA).
Dicho acuerdo, consultado por Europa Press, incluye un apartado específico relativo a la "remisión de información relativa a las medidas de ajuste en materia de gasto de personal" que da tres meses de plazo a las entidades instrumentales y consorcios para facilitar dicha información "a través del Sistema Integrado de Información de Empresas Públicas, Sociedades Mercantiles, Fundaciones y Agencias de Régimen Especial de la Junta de Andalucía (SIEJA), cumplimentando aquellos datos requeridos por dicho sistema".
En este sentido, la Consejería de Hacienda detalla que "esta obligación de información comprenderá, entre otros, los datos relativos a la estructura orgánica de cada entidad, relación de puestos de trabajo u otros instrumentos organizativos similares, la identificación de su personal y puesto que ocupa diferenciando los puestos de personal de alta dirección, tipo de contrataciones, estructura retributiva y los convenios colectivos aplicables".
"PLAN ESPECIAL DE CONTROL" DE LA INTERVENCIÓN GENERAL DE LA JUNTA
En paralelo, la Intervención General de la Junta de Andalucía establecerá en el plazo de dos meses un "plan especial de control que permita verificar la correcta aplicación de las medidas" relativas a la remisión de información.
Por otra parte, el acuerdo del Consejo de Gobierno designa a la Intervención General de la Junta de Andalucía como "órgano responsable de remitir a la Administración General del Estado la información económico-financiera prevista en la normativa sobre estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera".
También establece que "todas las unidades dependientes de la Comunidad Autónoma de Andalucía velarán por la disponibilidad de la información, de modo que siga siendo factible su remisión en tiempo y forma a la Administración General del Estado" y advierte de que "se podrá requerir a las unidades dependientes de la Comunidad Autónoma de Andalucía información periódica y adicional que se considere necesaria".
