Dos de los vecinos declaran como testigos ante el juez a propuesta de la Fiscalía
SEVILLA, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -
El colectivo de vecinos de Castilleja de Guzmán (Sevilla) que reside en el entorno de la escuela de hostelería estudia personarse, como acusación particular, en la causa depositada en el juzgado de Instrucción número 18 contra el alcalde, Carmelo Ceba (PSOE), el arquitecto del Ayuntamiento y el redactor de su Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), por un posible delito al ser edificado el complejo sobre dos parcelas declaradas de "espacios libres" según las normas subsidarias aprobada en 2001.
Fuentes del colectivo de vecinos de las calles Hermanos Álvarez Quintero, Hermanos Machado y Cervantes de este municipio aljarafeño señalaron a Europa Press que dos de los habitantes de las proximidades de la escuela de hostelería, promovida por el Ayuntamiento, la Consejería de Empleo y la Mancomunidad para el Fomento y el Desarrollo del Alajarfe, testificaron hoy ante la mencionada instancia judicial, donde además ha comparecido el primer edil.
En ese sentido, después de que ambos se personasen a propuesta de la Fiscalía de Medio Ambiente, Urbanismo y Patrimonio Histórico, que se ha querellado contra el alcalde, el juez ha ofrecido al colectivo de vecinos que en un mes, resuelvan si se personan o no en las diligencias como acusación particular.
LA QUERELLA DE LA FISCALÍA
Según la querella, recogida por Europa Press, la Fiscalía se querella, en concreto, contra el alcalde, el arquitecto municipal Ventura V.V. y el arquitecto redactor del PGOU, Juan Carlos M.Z., así como todos aquellos que el 31 de enero de 2008 asistieron a la Junta local de Gobierno del Ayuntamiento y firmaron el acuerdo que concedía una licencia de obra a Mego S.A., para edificar una escuela de hostelería en suelos de los planes parciales uno y tres de dicho municipio aljarafeño.
Al respecto, recuerda la Fiscalía de Medio Ambiente, Urbanismo y Patrimonio Histórico que las normas subsidiarias aprobadas en 2001 catalogaba estos suelos como "espacios libres", siendo "ilegal todo acto de construcción que contradijera tal uso", así como la superación del límite del 50 por ciento estipulado en cuando a la edificabilidad de estos terrenos.
Por eso, se querella la Fiscalía también contra los citados arquitectos, por emitir informes favorables al proyecto y avalar que la iniciativa no infringía las normas subsidiarias. Al respecto, esgrime el Ministerio Público el resultado de dos inspecciones cursadas por la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio, cuyos técnicos consideran que "el uso docente de la escuela no está permitido en los terrenos donde se ubica" y que el porcentaje de suelo ocupado se eleva al 72,19 por ciento.
