ZARAGOZA, 17 May. (EUROPA PRESS) -
El Consejo de Gobierno ha aprobado este martes un decreto ley que introduce como novedad que el Ejecutivo podrá concertar con entidades sin ánimo de lucro prestaciones, servicios y centros en materia de acción social y sanitaria sin tener que concurrir a concursos, evitando así "que tengan que competir en precio" con las empresas mercantiles.
Así lo ha explicado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno la consejera de Derechos Sociales y Ciudadanía del Gobierno autonómico, María Victoria Broto, que ha subrayado que es un "paso más" sobre las cláusulas sociales de los concursos públicos.
La consejera ha asegurado que "esto garantizará una mayor calidad" y el "uso preferente de la concertación con esta entidades", primando que los servicios sociales se lleven a cabo "con recursos propios y concertación", aunque "sigan existiendo acuerdos marcos para empresas".
Broto ha aclarado que esto "se había planteado históricamente por todas las entidades sociales". En concreto, el decreto ley modifica el modelo de organización de la prestación de estos servicios sociales y sanitarios y complementa, a través de los conciertos, los actuales modos de gestión directa o indirecta por contrato.
Así, establece que un operador económico que aspire a obtener un beneficio empresarial como consecuencia de su colaboración con la Administración en la prestación de servicios solo podrá hacerlo en el marco de un proceso de contratación, mientras que las entidades sin ánimo de lucro podrán hacerlo bajo la forma de acción concertada, siempre que cumplan unos requisitos asistenciales y de calidad del servicio.
La novedad es que se pasa de un sistema que reconocía un simple derecho de preferencia a las entidades sin ánimo de lucro a otro que permite reconocer el valor social y la función que realizan estas organizaciones en el ámbito de los servicios a las personas, ha detallado del Gobierno de Aragón.
El decreto señala que este modelo llega respaldado por la normativa y jurisprudencia europea que permite abrir nuevas posibilidades respecto de la organización de los servicios a las personas.
Por su parte, Broto ha comentado que ahora habrá que desarrollar el decreto ley y para eso ha dicho que se contará con las entidades sociales, con las que quiere tener "una relación de confianza" con el objetivo final de "garantizar la mejor atención a las personas".
ASESORÍA JURÍDICA A LA MUJER
La consejera ha opinado que en el caso del servicio de asesoría jurídica a la mujer, que hasta mayo prestaban los Colegios de Abogados y que ahora se ha sacado a concurso público sin que estos hayan comparecido al mismo, "habría que valorar" si es posible aplicar este nuevo modelo puesto que "es un tema complejo y específico".
La consejera ha recordado que los Colegios de Abogados han presentado un recurso ante el Tribunal de Contratos respecto al concurso público y ahora "hay que esperar a que este conteste" para determinar cómo se actúa.
Broto ha lamentado que estos colegios profesionales no se hayan presentado y ha asegurado que ella ha intentado "por todos los medios" que lo hagan, para indicar que hay un grupo de abogados "que ha trabajado durante mucho tiempo y con formación" en este ámbito.
LEY DE RENTA BÁSICA
Por otra parte, la consejera se ha referido a la tramitación en las Cortes de Aragón del proyecto de ley de renta social básica y a las propuestas presentadas por Cáritas y los trabajadores sociales, que ha asegurado que se van a estudiar y que el PSOE podría introducir en el texto a través de su grupo en el Parlamento autonómico.
Broto ha recordado que esa ley ya se trabajó con los colectivos sociales "y ahora estamos en proceso de enmiendas" en las Cortes, para mostrarse favorable, por ejemplo, a que los menores de 65 años que no tienen ningún tipo de prestación puedan recibir esta renta.
No obstante, ha aclarado que "no hablamos de una renta mínima de ciudadanía", algo que "debe plantearse a nivel del Estado" y por eso ha pedido a estas organizaciones que "la misma actitud" tengan con el Gobierno de España para reclamar esa renta mínima "que ayudaría a complementar" la aragonesa.
REFUGIADOS
En otro orden de cosas, la consejera ha informado de que Aragón dispone entre municipios, entidades sociales y particulares de 130 equipamientos para recibir a refugiados, y todos se han puesto a disposición del Gobierno central, que ha decidido que la atención se hará a través de Cruz Roja y la ONG Accem, algo que ha sido comunicado por estas entidades al Ejecutivo aragonés, no por el Estado, ha dicho.
En respuestas a preguntas de los medios de comunicación, Broto ha subrayado que Aragón "ha sido pionero a la hora de pedir al Gobierno central el compromiso de acoger a todos los refugiados lo pidieran", pero "no hemos tenido respuesta ni de cuántos van a venir", ni con qué recursos se va a contar, "ni cómo se van a distribuir entre las Comunidades autónomas".
Por su parte, desde la Comunidad se ha elaborado un protocolo, se han puesto a disposición del Gobierno de España los equipamientos y se han realizado reuniones entre los diferentes Departamentos para que cuando lleguen los refugiados puedan contar "con los servicios necesarios" de educación, sanidad y vivienda, ha relatado.
A su entender, Aragón ha tenido "una postura activa frente al Gobierno de España", del que "hemos recibido silencio", cuando este es un asunto de "justicia y solidaridad".
