SANTANDER, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -
La Plataforma para la Defensa del Sur de Cantabria ha solicitado al Consejo de Ministros que anule el Real Decreto de noviembre de 2009 por el que se otorgan a Petroleum Oil & Gas España los permisos de investigación de hidrocarburos 'Bezana' y 'Bigüenzo'.
La superficie afectada por estos permisos de fracking es de 87.580 hectáreas en el caso del permiso "Bezana" y 91.654, hectáreas en el del permiso 'Bigüenzo', en total 179.434 hectáreas entre Cantabria y la provincia de Burgos, lo que implica que el citado Real Decreto "pone en riesgo la calidad de vida de los habitantes de un territorio equivalente al 34%, la tercera parte de Cantabria", denuncia la plataforma.
El Ministerio de Industria se los concedió en 2009 a Petroleum Oil & Gas España, S.A., propiedad al 100% de Gas Natural S.A., por un periodo de seis años. En junio de 2011 se autorizó la cesión de un 40% a Repsol Investigaciones Petrolíferas S.A., y en febrero de 2012 Petroleum Oil & Gas cedió otro 10% a Pyreenes Energy Spain, SA.
La Plataforma para la Defensa del Sur de Cantabria ha dado a conocer la presentación de este recurso una semana después de que el Consejo de Ministros rechazara el presentado por el Ayuntamiento de Valdeprado del Río.
A su entender, en la concesión de estos permisos se ha incumplido la ley que regula los derechos de acceso a la información y de participación pública, que es la trasposición del Convenio de Aarhus.
"Se quiere poner en manos privadas la llave para reabrir a la especulación más dañina nuestro territorio", denuncia en su escrito la plataforma, quien destaca la necesidad de "acabar con la siniestra lógica que intenta hacernos creer que para crear riqueza y progresar es preciso destruir el medio ambiente actuando a espaldas del ciudadano y sus asociaciones, y asentar entre nosotros la necesidad de marchar al paso y en la dirección de la naturaleza".
La Plataforma tacha de "agresivo, inseguro y zigzagueante" el Real Decreto por que el que se conceden los permisos Bezana y Bigüenzo y añade que para cumplir las exigencias del Convenio de Aarhus y de la evaluación de los impactos "debería volver a tramitarse, difundir la documentación precisa con la mayor amplitud y detalle, y dejar constancia de forma mucho más clara que los permisos de investigación tienen el carácter de paso previo para una pretendida extracción de gas mediante la agresiva técnica de la fractura hidráulica".
Por último, señala que el Real Decreto en cuestión (1781/2009) se aprobó "en una situación de falta de sensibilidad ciudadana y desconocimiento sobre el fracking ajena a la actual y aunque ello no quita importancia a la gravedad de los incumplimientos legales producidos, empecinarse en mantener hoy la legalidad y vigencia de los permisos indebidamente concedidos añadiría un componente doloso de grosera actuación a sabiendas que podría ser penalmente tipificable", concluye la Plataforma para la Defensa de los Valles del Sur.
