BARCELONA, 3 May. (EUROPA PRESS) -
El Consejo de la Abogacía Catalana y el Colegio de la Abogacía de Barcelona (Icab) consideran que la ley catalana de emergencia habitacional y pobreza energética tiene plena cobertura constitucional y no vulnera competencias estatales, con lo que han mostrado su "perplejidad" por el recurso del Gobierno central ante el Tribunal Constitucional (TC).
Ante esta situación, la Abogacía Catalana y el Icab han dado su apoyo al Govern de la Generalitat y sostienen, en un comunicado este martes, que esta ley responde a la voluntad general de la sociedad civil catalana porque fue elaborada a instancias de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) y aprobada por unanimidad en el Parlament.
Recuerdan que la Comisión de Normativa del Icab y de la Abogacía Catalana colaboraron durante la tramitación de la Ley para incluir algunas previsiones que ampliaran el alcance del texto inicialmente presentado.
Así, consiguió que la Cámara catalana incorporara la propuesta por la que, en caso de que un consumidor deudor se acoja a los procedimientos establecidos para resolver su situación de sobreendeudamiento y acabe disfrutando de la cancelación del pasivo no satisfecho, el fiador también se pueda beneficiar si tiene una relación de parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el tercer grado.
Esta propuesta ofrece una solución a los casos en que el deudor queda liberado de las deudas no satisfechas, pero los acreedores --conocedores de esta situación-- actúan contra los familiares más cercanos del deudor que tuvieron que afianzar, para intentar cobrar lo que la ley le ha eximido a aquél.
