Aviso: Esta noticia tiene más de un año. Última actualización: 10/12/2009 13:17
El presidente de C's, Albert Rivera, pidió este jueves por escrito a la Delegación del Gobierno en Catalunya que intervenga ante el eventual uso de urnas y espacios públicos, así como el censo electoral, en las consultas independentistas convocadas este domingo en más de 160 municipios catalanes.
Rivera explicó, en declaraciones a Europa Press, que el objetivo de la petición es que la Abogacía del Estado actúe y solicite medidas cautelares para evitar que esto se pueda producir, y fije de esta manera el límite entre lo público y lo privado.
Según subrayó, C's no juzga las iniciativas privadas que se puedan impulsar en este sentido, pero opinó que "no se debe fingir que se trata de algo privado y después usar dependencias o recursos municipales". A su juicio, esto ni tiene sentido ni es legal.
Asimismo, lamentó que C's tenga que desarrollar un papel que le corresponde al presidente de la Generalitat, José Montilla, y al mismo Govern, que es velar por la legalidad.
En el texto entregado a la Delegación, C's considera evidente el fraude de ley perpetrado por todos los ayuntamientos al "simular que las mencionadas consultas son a instancia e iniciativa privada, y ante la evidencia de que no se trata de una mera encuesta o estudio sociológico, sino un remedo de referéndum".
Además, da por hecho que en las consultas van a utilizarse, "además de las urnas de titularidad pública que sólo pueden usarse en actos electorales autorizados por la Junta Electoral", también espacios públicos.
En este sentido, C's pide que los abogados del Estado presten especial atención a los municipios de Tiana, Sant Pere de Torelló y Sant Jaume de Frontanyà, en Barcelona, así como Montagut i Oix y Santa Coloma de Farners, en Girona, donde "es público y notorio y así se ha difundido en los medios de comunicación" que se van a utilizar dependencias municipales.
La formación denuncia también la "evidente dejación" de funciones por parte de la Conselleria de Gobernación y Administraciones Públicas, que debe controlar la legalidad de los Ayuntamientos, y especialmente critica la actitud de su titular, el republicano Jordi Ausàs, quien anunció que votaría en la consulta de la Seu d'Urgell (Lleida).