BARCELONA, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -
ERC ha registrado este jueves una proposición de ley en el Parlament a presentar a la mesa del Congreso para convertir el Instituto Catalán de Finanzas (ICF) en una banca pública catalana, una propuesta que quieren abordar en una reunión con el conseller de Economía, Andreu Mas-Colell.
En rueda de prensa en la Cámara catalana, el diputado de ERC Pere Aragonès ha explicado que la reforma permitiría poner el ICF al servicio del tejido productivo y de las administraciones públicas catalanas, permitiendo el acceso en mejores condiciones a los mercados financieros, a la captación de depósitos y a acceder a las subastas de liquidez del Banco Central Europeo --con intereses del 1%, mucho menores que el coste de financiación actual del ICF o de la misma Generalitat--.
Así lo exponen en una carta remitida al conseller y firmada por Aragonès y por el presidente de ERC en el Parlament, Joan Puigcercós, donde le argumentan que, en paralelo a la demanda de una agencia tributaria catalana vinculada con la negociación del pacto fiscal, el tener una banca pública catalana es un instrumento "imprescindible" para llevar a cabo una política económica lo más autónoma e independiente posible en el contexto de los mercados financieros y de la UE.
"Se necesita por sentido de país", ha sostenido el diputado republicano, quien ha asegurado que todos los gobiernos regionales con un buen sistema de financiación disponen de una banca pública, como algunos lands alemanes y en países del resto de mundo.
También existe en Madrid, según Aragonès, donde tienen el Instituto de Crédito Oficial (ICO) que, pese a ser un banco público, no actúa como tal en todas sus disposiciones.
Por ello, ha remarcado que no es una propuesta "loca ni una anomalía" el que el ICF pueda derivar en banca pública, tras subrayar que sus operaciones quedarían fuera del cómputo de déficit público de acuerdo con las normas europeas.
Respecto a los fondos de los que se dotaría, ha aclarado que, al margen de los aportaciones presupuestarias que recibe, debería basarse en su capital básico y en los depósitos de personas físicas y jurídicas, de las administraciones, de préstamos y de la intermediación bancaria.
Aragonès es consciente de que la propuesta debe aprobarse en el Congreso, por lo que ya ha avanzado que si no tira adelante tienen un 'plan B': que el ICF se constituya como una sociedad mercantil bancaria, aunque la iniciativa también debería contar con el permiso del Banco de España y del Gobierno.
APOYO DE PARTIDOS
Ha pedido así el máximo apoyo del resto del partidos a la propuesta, y ha recordado que UDC aprobó en su último congreso una iniciativa en el mismo sentido, por lo que puede ser un "aliado" de ERC para convencer al presidente de la Generalitat, Artur Mas.
Si el Congreso autorizara al ICF a ser un banco público, Aragonès ha explicado que habría que reformar la ley que lo regula y establecer unas bases de buen gobierno para evitar que se sucedan episodios de mala gestión.
Así, ha expuesto que una eventual banca pública debería contar con un consejo de administración nombrado por el Parlament por un plazo largo en que sus miembros fueran personas de reconocida trayectoria y solvencia, lo que considera que no ha pasado en otros organismos de la Generalitat, y con un director general que diera explicaciones en la Cámara catalana.
Ha dejado claro que un banco público no debería financiar partidos políticos y que esta reivindicación de los republicanos no debe ser un añadido obligatorio a su negociación del pacto fiscal con el Govern.
