Piden al Estado que devuelva la recaudación a Catalunya
BARCELONA, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -
El Consejo de Colegios de Procuradores de los Tribunales de Catalunya ven posible inconstitucionalidad en la aplicación de las tasas estatales porque afectan al derecho de tutela judicial afectiva, por lo que han presentado 17 enmiendas en los 11 artículos del Proyecto de Ley presentado por el Gobierno.
"Si la Constitución lo que dice es que el ciudadano debe tener un libre acceso a la Justicia, y estas tasas pueden poner trabas a este libre acceso, a partir de este momento, sacamos conclusiones", ha manifestado el vicedecano del Colegio, Ramon Daví, en declaraciones a los medios tras la rueda de prensa.
Los procuradores también han subrayado que Catalunya sufre una "doble tributación", puesto que, además de la nueva tasa española, los procesos judiciales de demandas y los recursos de apelación están gravados desde mayo con la tasa catalana con importes fijos --entre 60 y 120 euros-- por los servicios administrativos.
Hasta ahora ya existía una tasa estatal que sirve para financiar la Justicia gratuita y que sólo afecta a las personas jurídicas --empresas-- que facturan más de 10 millones de euros anuales, y no a las físicas --particulares-- en las jurisdicciones civil --excepto pleitos de familia--, mercantil y contencioso-administrativa.
El nuevo Proyecto de Ley prevé que el impuesto también lo tengan que abonar ciudadanos e incrementa la tasa a las empresas, lo que "castiga a las clases medias y al pequeño y mediano empresario" porque son quienes no pueden acceder a la justicia gratuita y tampoco pueden asumir un coste tan elevado a diferencia de las grandes corporaciones.
Daví ha ejemplificado que, hasta ahora para reclamar 6.000 euros una persona física no tenía que pagar ninguna tasa, y una jurídica tenía que abonar 180 euros, pero con el nuevo marco legal y sumando la tasa catalana, la persona física deberá pagar 450 euros, lo mismo que la jurídica.
PROPUESTAS DE LOS PROCURADORES
Por ello, han propuesto que se exima de pagar tasas en las reclamaciones menores de 3.000 euros y, así, se puedan reclamar las pequeñas cantidades, y han instado a que se mantengan los importes actuales porque con la nueva ley, "habrá muchos más ciudadanos y empresas que serán sujetos pasivos de la tasa, entendemos que ya hay suficiente para cumplir el objetivo".
En una de sus enmiendas también solicitan que se incorpore la tributación de los concursos voluntarios, dado que generan un "gran volumen de trabajo" con el consiguiente coste que representa para la administración, y que se bonifiquen con un 50% cuando se utilicen medios telemáticos.
Sobre la doble imposición de tributos, los procuradores catalanes han solicitado que, cuando se empiece a cobrar la nueva tasa, el Estado devuelva la recaudación a las comunidades que tienen transferida la competencia de justicia gratuita, como es el caso de Catalunya.
Si lo logran, Daví ha avanzado que exigirán a la Generalitat que retire la tasa autonómica: "No se pueden hacer injusticias y discriminaciones de este tipo", ha criticado el vicedecano.
