Subraya los efectos positivos en independencia energética, contaminación y reactivación económica a través de la rehabilitación
MADRID, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -
Unión, Progreso y Democracia (UPyD) defenderá el martes en la Comisión de Industria del Congreso una iniciativa para instar al Gobierno a presentar, en el plazo máximo de seis meses, un proyecto de ley de Regulación del autoconsumo con balance neto energético que pase por eliminar trabas administrativas y fijar precios competitivos, de tal manera que se fomente el desarrollo de esta tecnología, que tendrá efectos positivos en materia de independencia energética, contaminación y reactivación económica del sector de la rehabilitación.
El autoconsumo con balance neto es un sistema de intercambio que permite a los usuarios producir parte o toda la energía que necesitan, colocando en la red de distribución su excedente o tomando de la red la energía que le falte en determinados momentos de tiempo, siempre a precios de pool.
Según recuerda UPyD, este sistema tiene muchas ventajas: descentraliza y multiplica los puntos de producción, facilita el ahorro, fomenta la eficiencia del consumo, favorece sectores económicos como el de la rehabilitación de vivienda, la instalación y aprovisionamiento de equipos de autoconsumo o la domótica, entre otros; y además incrementa la competencia permitiendo una disminución de la factura energética tanto global del país como de las instituciones, empresas y familias.
Asimismo, la formación magenta defiende que un desarrollo de esta tecnología permitiría reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, mejorar la independencia energética del país e "incrementar la presión" de las grandes eléctricas para que optimicen la gestión de la red y para que se centren en la I+D+i de modo que se optimicen los recursos "en lugar de limitarse a explotar las concesiones".
HACE FALTA UN MARCO LEGAL
Sin embargo, para conseguir todas esas ventajas es necesario desarrollar un marco legal para el autoconsumo, para el que hoy es necesario darse de alta en el Registro de Instalaciones de Producción en Régimen Especial, con las consiguientes obligaciones en materia fiscal y legal.
"Es evidente que ese tratamiento no puede sino inhibir el desarrollo de este sistema energético tan interesante. Lo que debe perseguir la regulación legal del autoconsumo es facilitar la práctica universalización de la producción de energía a pequeña escala de uso residencial mediante un trato administrativo y fiscal específico para la pequeña instalación doméstica", defiende la formación magenta.
Por ello, propone medidas como la aprobación de un plan de estímulos fiscales y de planificación de la amortización de la inversión, vinculado por ejemplo a la factura eléctrica y con plazos y precios justos que incluyan los peajes. Además, considera necesario eliminar trabas administrativas de tal manera que esta opción esté "libre de los requisitos industriales y fiscales" exigidos a las productoras convencionales.
No obstante, en aras de mantener una seguridad, UPyD defiende la necesidad de crear un registro público específico de actividad de autoconsumo, cuyos titulares deberían beneficiarse de un régimen fiscal específico que "garantice la venta del excedente a la red a precios de mercado y favorezca la inversión en la instalación, enganche y mantenimiento".
Para dar un primer impulso a este nuevo sistema, las administraciones públicas podrían estimular la rehabilitación de edificios y barrios incluyendo ya estas premisas, además de poner en marcha planes de mejora de eficiencia y ahorro energético en colaboración con la iniciativa privada.
Finalmente, UPyD pide que se fije un coste de enganche a la red que no suponga una barrera, que se determine claramente la normativa a cumplir por este tipo de instalaciones pero "sin limitación a la capacidad de producción", que se planifiquen las modificaciones necesarias a medio plazo en las redes de distribución y transporte, y que se amplíe el concepto de 'balance neto' más allá de los individuos, para que también se puedan beneficiar cooperativas, comunidades de vecinos u otras entidades jurídicas.
