Aviso: Esta noticia tiene más de un año. Última actualización: 10/03/2010 13:11
PARÍS, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha instado a España a acometer reformas en el mercado laboral y en educación, así como a incrementar la competencia en el sector de distribución minorista y a eliminar las distorsiones en el mercado de la vivienda para reducir el impacto de la crisis en el crecimiento potencial del PIB español, que según los cálculos de la organización sufrirá un deterioro del 10,6% como consecuencia de las dificultades de la economía, sólo superado por la caída del 11,8% de Irlanda.
En este sentido, el conocido como 'Club de los países desarrollados' advierte de que desde 2003 se ha frenado el proceso de convergencia en términos de PIB por habitante de España respecto a los países más ricos de la OCDE, aunque destaca que desde 2007 comenzó a reducir la brecha de productividad.
En concreto, la OCDE reitera la recomendación de recortar en cierta medida la protección de los trabajadores indefinidos mediante la rebaja de las indemnizaciones por despido y frenar el uso de contratos temporales con el objetivo de reducir la brecha existente en la protección de empleados temporales e indefinidos. En este sentido, la institución recuerda que desde 2006 se fijaron límites al recurso a la contratación temporal.
Respecto a las pensiones, la OCDE señala que en 2007 se adoptó un "modesto" incremento del periodo de cotización necesario para percibir pensión, mientras que se establecieron mayores incentivos para aquellos que deciden prolongar su vida laboral.
Además, la institución internacional mantiene su recomendación de 2005 para que España limite la extensión administrativa de los convenios colectivos, así como la eliminación de la vinculación de los salarios con la inflación, y afirma que "no se han tomado medidas" en estos aspectos.
Por otro lado, la OCDE reitera la necesidad de que España acabe con las distorsiones existentes en el mercado de la vivienda, para lo que sugiere acelerar los procesos para resolver conflictos entre inquilinos y propietarios, así como eliminar los subsidios para la adquisición de vivienda.