MADRID, 4 May. (EUROPA PRESS) -
El Juzgado de lo Mercantil número 9 de Madrid ha admitido a trámite la demanda presentada por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) contra BBVA y Banco Popular por incluir 51 cláusulas consideradas abusivas en sus contratos de hipotecas y cuentas corrientes, según el auto dictado el pasado 31 de marzo, al que tuvo acceso Europa Press.
El juez Javier Yáñez ha citado a las partes el próximo 12 de mayo para la celebración de juicio verbal -procedimiento abreviado-, después de haber recibido el escrito de contestación a la demanda por parte de las entidades finencieras, según confirmaron fuentes jurídicas.
Sin embargo, aún cabe la posibilidad de que el procedimiento se convierta en juicio ordinario -procedimiento para asuntos más complejos- si lo solicitan los bancos. En este caso, el juez fijaría una nueva fecha para la celebración de una vista previa al juicio.
La OCU pide al juez que declare estas cláusulas abusivas e impida a las entidades financieras seguir aplicándolas en sus contratos, además de obligarles a devolver a los clientes las cantidades cobradas de más por su aplicación.
En concreto, la asociación presenta acción de cesación contra las llamadas cláusulas suelo de las hipotecas, que limitan las posibles rebajas en la cuota mensual de la hipoteca al actuar como freno ante las bajadas del Euríbor.
Además, la OCU denuncia la condición que permite al banco no aplicar los intereses variables a la baja en la hipoteca si el cliente no se lo pide expresamente diez días antes de la revisión, la posibilidad de que pueda contratar productos de su repertorio sin preguntar al cliente o el tratamiento de los datos personales, entre otras cláusulas.
La novedad de este procedimiento es la personación del Ministerio Fiscal, ya que será la primera vez que se persone en una causa judicial abierta por una acción colectiva de los consumidores contra entidades financieras por el uso de supuestas cláusulas abusivas.
En este sentido, la portavoz de la OCU, Ileana Izverniceanu, declaró a Europa Press que esperan que la Fiscalía apoye las tesis de la asociación de consumidores y, de este modo, "defienda a los perjudicados por estas prácticas abusivas".
Por último, la OCU lamentó una vez más que el Instituto Nacional del Consumo no defienda el interés general de los de usuarios de los servicios bancarios y no haga uso de esta acción de cesación, para la que está plenamente legitimado.
Por su parte, el pasado mes de marzo, la Asociación Española de Banca (AEB) envió una carta a la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, en la que recordó que estas cláusulas están avaladas por la normativa vigente y advirtió de que anularlas afectaría a la solvencia de las entidades financieras.
