MADRID, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Comisión de Industria, Turismo y Comercio del Congreso de los Diputados aprobó hoy, con el único voto en contra del PP, el proyecto de Ley de Ordenación del Comercio Minorista (Lorcomin), una norma que, según el Gobierno, aportará 4.000 millones de euros en "inversión inducida" y generará 50.000 puestos de trabajo, y que a partir de ahora continuará su tramitación en el Senado.
El PSOE pactó doce enmiendas con la oposición, dos de ellas con el PP, y aceptó otras seis modificaciones presentadas por los grupos, entre las que destaca la modificación de las "razones imperiosas de interés general" que se establecen como requisitos para las autorizaciones a las aperturas.
Así, el texto recoge explícitamente el derecho de los consumidores a elegir "libremente" el establecimiento comercial que desean, así como la "planificación urbanística y rural" de los territorios en los que podrá establecerse los centros comerciales.
La Lorcomin elimina con carácter general la concesión de la "segunda licencia" por criterios económicos, fija que la autorización para la apertura de un comercio sólo dependa del impacto que tenga en el medio ambiente, en el entorno urbano y en la conservación del patrimonio artístico, a los que ahora se suman los dos anteriores.
"CRITERIOS ECONÓMICOS ENMASCARADOS"
En este sentido, el diputado del PP Celso Delgado denunció que estas dos modificaciones pueden permitir a las comunidades "criterios económicos enmascarados" para impedir las aperturas, lo que va a generar "más inseguridad jurídica" entre los comerciantes e incluso "ponen en riesgo de impugnación" ante los Tribunales europeos a la propia norma.
El PP, que no logró sacar adelante su propuesta de establecer un umbral para discriminación de las superficies comerciales en los 2.500 metros cuadrados, expresó su "frustración" por el hecho de que el PSOE haya pactado esta medida con los nacionalistas "excluyendo al principal partido de la oposición".
RESPONSABILIDAD DE LAS COMUNIDADES
Por su parte, el ponente socialista Félix Larrosa defendió que la norma que la ley es "escrupulosamente" respetuosa con las competencias autonómicas pero no supone ninguna restricción para el libre establecimiento, tal y como lo postula la Directiva Europea de Servicios que sirve de origen a esta norma.
En este sentido, recordó que se establece que las comunidades autónomas que, en el ejercicio de su "responsabilidad legislativa", limiten las aperturas por motivos no recogidos en la Lorcomin tendrán que afrontar por sí mismas las sanciones que Bruselas pueda imponerles.
Otra de las novedades que introduce el texto que a partir de ahora debatirá la Cámara Alta es el mandato al Gobierno de establecer nuevas medidas legislativas adicionales que regulen las "relaciones empresariales" en determinados sectores de la distribución comercial, como los concesionarios de automóviles, las gasolineras y los kioscos de prensa.
Aunque estas reformas se centrará en aspectos concretos que afectan a estas actividades, Larrosa explicó de que las actuaciones que tome el Ejecutivo en esta línea "tendrán rango de ley", para regular y resolver por completo los problemas que surgen entre los distribuidores comerciales y sus proveedores.
