Aviso: Esta noticia tiene más de un año. Última actualización: 19/11/2009 12:46
Alrededor de ciento cincuenta trabajadores de la factoría de Iveco-España en Valladolid se concentraron ante las puertas de los Juzgados de lo Social en apoyo de la demanda de conflicto colectivo vista hoy en el Juzgado de lo Social número 2, donde el Comité de Empresa, representado por los servicios jurídicos de CC.OO, reclamó a la dirección de la compañía automovilística el cumplimiento, durante la aplicación del presente tercer Expediente de Regulación de Empleo, de todas las medidas que recogía el primer ERE y que, en su opinión, están siendo incumplidos sistemáticamente.
La abogada de CC.OO, en declaraciones a Europa Press, recordó que cuando se negoció el primer ERE en Iveco-España se adquirió el compromiso de que los acuerdos recogidos en el mismo se aplicarían por igual en los sucesivos expedientes, algo que, como así apuntó la letrada, se cumplió en los dos primeros pero no en el tercero, especialmente en lo relativo a la cláusula de garantía, en virtud de la cual se estipulaba que los trabajadores regulados percibirían diariamente el 90 por ciento del salario bruto como complemento al desempleo.
Sin embargo, esta medida no está siendo aplicada, tal y como denunció el delegado sindical de CC.OO. y miembro del Comité de Empresa, Ignacio Frutos Fradejas, quien apuntó que debido a ello los trabajadores de la factoría están perdiendo mensualmente entre 200 y 300 euros menos.
El sindicalista acusó además a UGT de haber suscrito en solitario con la dirección un acuerdo para que sus afiliados o aquellos que se adhieran al mismo perciban mensualmente el 82 por ciento del salario bruto. "Al resto, la empresa no sólo no nos garantiza este porcentaje sino que nos está penalizando porque tampoco está adelantando el pago por desempleo", criticó Frutos Fradejas, quien expresó su temor de que la dirección esté planeando ya otro cuarto ERE para 2010.
La abogada de CC.OO, durante el juicio celebrado hoy, pidió a la juez que exija a la empresa el cumplimiento de los acuerdos recogidos en el primer ERE, incluida la cláusula de garantía, y calificó de "ilegal" el acuerdo alcanzado por UGT a posteriori del tercer expediente ya que "es a la baja" de un acuerdo general para cuya firma sólo está facultado el Comité de Empresa y no un sindicato para sus afiliados".
En el caso de que la demanda de conflicto colectivo fuera estimada por la juez, la letrada entiende que la empresa habría de abonar a los 1.000 trabajadores afectados en Valladolid, con carácter retroactivo, todas aquellas cantidades que han dejado de percibir hasta ahora ante el incumplimiento de lo pactado.