MADRID, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno abrió este viernes la puerta a cerrar líneas de tren o servicios ferroviarios que no se consideren de interés general por razones económicas, sociales o medioambientales y que, por ello, no logren ser declaradas de interés público, o que presenten una "demanda insuficiente".
El Consejo de Ministros aprobó el acuerdo por el que se fijan los criterios que deberá reunir una línea ferroviaria o un servicio de transporte en tren para obtener esta consideración y mantenerse operativos.
En virtud del acuerdo, Renfe se garantiza la prestación durante un periodo inicial de tres años de los servicios que finalmente se mantengan a cambio de recibir la correspondiente compensación económica. Para ello, suscribirá un contrato de prestación de servicio público.
En cuanto al resto de servicios no declarados de interés público, la operadora pública deberá prestarlos en condiciones de mercado, es decir, con tarifas comerciales. En caso de que no resultaran viables por insuficiencia de demanda, Fomento presentaría un plan de reorganización que garantice la conexión territorial mediante un sistema de transporte combinado o con transportes alternativos.
En principio, el Ministerio de Fomento debe presentar al Consejo de Ministros antes del próximo 30 de noviembre la relación de servicios de transporte de viajeros en trenes, así como los tramos y frecuencias, que finalmente se garantizarán por interés público.
Para elaborar esta relación, el departamento que dirige José Blanco deberá realizar los estudios y análisis necesarios que permitan definir las líneas, tramos y servicios ferroviarios que deben seguir prestándose y las correspondientes compensaciones económicas para que Renfe los explote.
CERCANÍAS Y APORTACIONES DE CC.AA
El acuerdo aprobado ya garantiza que se mantendrá, por su consideración de servicio público, la prestación de todos los servicios de Cercanías.
En el caso de las Medias Distancias, continuarán aquellas relaciones que sean "de uso habitual y frecuente, de manera que requieran su utilización por los ciudadanos en trayecto de ida y vuelta al menos cinco días a la semana".
Además, también garantiza los servicios ferroviarios que discurran dentro de una misma Comunidad y cuyo Gobierno estime que es de interés público. No obstante, en estos casos, será la región correspondiente la que deberá pagar a Renfe por realizar el servicio.
Según el Gobierno, de esta forma "se inicia un proceso de reorganización y racionalización gradual de la oferta de transporte ferroviario de pasajeros en el marco de la normativa comunitaria".
Esta reestructuración deriva de la normativa comunitaria que, en un Reglamento de octubre de 2007 limita las subvenciones
estatales al ferrocarril a las estrictamente necesarias para garantizar los servicios públicos e insta a que los servicios ferroviarios se rijan por criterios de competencia comercial.
El objetivo final es reorganizar toda la oferta de tren en España para incrementar su eficacia y la de su conectividad con otros modos de transporte alternativos, buscando con ello aprovechar las ventajas de cada uno en función de su mayor eficiencia social, económica o medioambiental.
