Aviso: Esta noticia tiene más de un año. Última actualización: 02/06/2009 11:39
El Banco Europeo de Inversiones (BEI) todavía no ha desembolsado los fondos a los que se había comprometido para financiar las obras del túnel del AVE por Barcelona porque no se cumplen los requisitos exigidos. Las autoridades españolas han entregado al Banco una evaluación de impacto ambiental adecuada pero todavía no han suministrado el certificado del impacto sobre la red de espacios protegidos Natura 2000.
Así lo explica al BEI en las alegaciones presentadas ante el Defensor del Pueblo Europeo, Nikiforos Diamandouros. Diamandouros había pedido al Banco que revisara la evaluación de impacto ambiental realizada por las autoridades españolas de las obras del tramo del AVE entre las estaciones de Sants y Sagrera para verificar si respeta la normativa de la Unión Europea y, si no es así, reconsiderar la decisión de financiar las obras. El Defensor reclamó al BEI que no desembolse ninguna ayuda financiera para este tramo hasta que complete su análisis.
El BEI tiene previsto conceder una financiación de 2.500 millones de euros para las obras del tren de alta velocidad Madrid-Barcelona-Figueres. El coste restante lo cubren los fondos de cohesión de la UE y las autoridades españolas.
La recomendación del Defensor del Pueblo Europeo se produce a raíz de una reclamación presentada en 2006 por un ciudadano residente en Barcelona, que alegaba que el segmento ferroviario proyectado a través de Barcelona podría originar "graves daños ambientales" a los edificios colindantes públicos, como la Sagrada Familia de Gaudí, o privados.
El denunciante criticaba además a las autoridades españolas por no haber evaluado adecuadamente el impacto ambiental del proyecto y por no haber ponderado la posibilidad de establecer rutas alternativas. Por todo ello, pedía que el BEI examinara de nuevo el proyecto y reconsiderara la decisión de financiarlo.
Al ser requerido por el Defensor del Pueblo Europeo, el BEI explicó que la evaluación de impacto ambiental de esa parte del proyecto elaborada por las autoridades españolas había sido debidamente revisada y fue realizada conforme a los criterios del Banco. En el curso de su investigación, Diamandouros examinó los documentos existentes y no encontró ninguno relativo al análisis del BEI de la evaluación de impacto ambiental del túnel.
A raíz de las quejas del Defensor, el Banco se ratificó en que había actuado respetando la normativa comunitaria. Eso sí, admitió que no había recogido por escrito su análisis de la evaluación de impacto ambiental española y por ello elaboró en ese momento un documento en el que explicaba el estado del expediente. Asimismo, desveló que "todavía no ha desembolsado la parte del préstamo correspondiente al tramo objeto de polémica porque las condiciones para pagarlo todavía no se han cumplido (dado que todavía no se han enviado los certificados Natura 2000)".
El Defensor del Pueblo Europeo da por buenas las explicaciones del BEI, así como su compromiso de ajustar sus procedimientos internos para mejorar su análisis de futuras evaluaciones de impacto ambiental y por ello ha decidido archivar este caso.