MADRID, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -
Las ONG WWF España y SEO/BirdLife han presentado este miércoles en Madrid un estudio en el que denuncian que cuanto más dinero recibe de la Política Agraria Comunitaria (PAC) una zona peor es su estado ambiental, debido a que las mayores ayudas están ligadas a sistemas de explotación intensivos en el uso de los recursos naturales (suelo y agua), fertilizantes o fitosanitarios.
El informe, denominado '¿Quien contamina cobra?: Relación entre la PAC y el medio ambiente en España', explica que además existe un solapamiento "claro" entre la mayor concentración de algunos pagos de la PAC y las zonas ocupadas por acuíferos sobreexplotados o declaradas como vulnerables a la contaminación por nitratos de origen agrario.
Según explican las organizaciones ecologistas, este informe hace hincapié en objetivos ambientales, entre ellos, la conservación de los recursos naturales, como única forma de garantizar el futuro de la propia actividad agraria.
Por otra parte, detecta que sistemas de alto valor natural, como las dehesas o los ubicados en la Red Natura 2000, quedan casi fuera de las ayudas. Igualmente, señala que, si bien la actual PAC ya ha introducido algunas modificaciones y apoyos para una agricultura más sostenible, aún distribuye la mayor parte de sus fondos entre un reducido número de beneficiarios.
Así, estos suelen residir en grandes ciudades y, por lo general, cuentan con las explotaciones más productivas o rentables. En concreto, actualmente el 18 por ciento de los que reciben fondos de la PAC en la UE acaparan el 85 por ciento de las ayudas.
En muchos casos, estas subvenciones no sólo están destinadas a explotaciones más intensivas, sino que también se mantienen a pesar de los impactos ambientales asociados, indica el estudio. Concretamente, España es el segundo país beneficiario de estas ayudas y debe determinarse cómo se distribuirán estas ayudas a partir de 2013.
"URGENTE" UNA MODIFICACIÓN
SEO/BirdLife y WWF recomiendan por ello una modificación "urgente" en la PAC, un cambio que permita una reorientación de estas ayudas, con el objetivo de apoyar las explotaciones y prácticas más sostenibles, basándose en el principio 'Dinero público para bienes públicos'.
De igual forma exigen que se eliminen los pagos a aquellas prácticas que se prueben dañinas para el medio ambiente, asegurando el cumplimiento de otro principio, 'Quien contamina paga'. El análisis se ha realizado con herramientas SIG a partir de los datos aportados por el organismo que realiza los pagos en España, el Fondo Español de Garantía Agraria.
