MADRID, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -
Media docena de organizaciones pro derechos humanos registraron este viernes una denuncia en el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, para exigir al Gobierno que "cumpla la ley" y se ajuste a los convenios internacionales y deje de vender armamento a Marruecos, después de que las entidades tuvieran constancia de que continúan las transferencias de armas de doble uso al Reino alauí.
En concreto, la denuncia se refiere a la Ley de Comercio de Armas, aprobada en diciembre de 2007, según la cual el Estado tiene que atenerse al Código de Conducta de la Unión Europea y, por tanto, no puede vender armamento a países en conflicto, que violen los derechos humanos o que no garanticen que el material no será revendido a terceros que incurran en estas prácticas, entre otras limitaciones.
Para la jurista especializada en el Sáhara y representante de los denunciantes, Inés Miranda, Marruecos es "el ejemplo típico y visible" de este perfil porque "desde hace 75 años mantiene la ocupación violenta del Sáhara, separado con un muro más largo que el de Berlín y militarizado; no respeta ni el Convenio de Ginebra ni el de la Haya y, entre otras cosas, mantiene más de 50 presos de conciencia en cárceles militares, 31 de los cuales llevan más de 20 días en huelga de hambre reclamando que se les diga de qué están acusados".
En declaraciones a Europa Press, Miranda explicó que si bien España "nunca ha reconocido públicamente" que en Marruecos se violen los derechos humanos, el país "es miembro de la Unión Europea y el Consejo de Europa ha exigido a Marruecos respeto por los derechos fundamentales y, en especial, por los de los activistas que defienden al pueblo saharaui".
La denuncia se ha remitido a todos los miembros de la Junta Interministerial que decide sobre las exportaciones (JIMMDU), al presidente del Consejo de Europa, al Parlamento Europeo, a la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, al presidente del Consejo de Seguriad y al secretario General de la institución, Ban Ki Moon, explicó Miranda.
Está suscrita por la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), la Asociación de Familiares de Presos y Desaparecidos Saharauis (AFAPREDESA), la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE), la Asociación Internacional de Juristas por El Sáhara Occidental (IAJUWS), el Observatorio Asturiano de Derechos Humanos para El Sáhara Occidental, el Observatorio Aragonés para El Sahara Occidental y la Asociación Canaria de Juristas por la Paz y los Derechos Humanos (JUPADEHU) aunque las organizaciones no descartan más adhesiones.
