CIG y UGT se oponen por el mantenimiento de la libre designación, mientras la Xunta defiende cambios en movilidad y plus de altos cargos
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -
La reforma de la Ley de Función Pública, que afecta a las condiciones de los funcionarios en la Comunidad Autónoma de Galicia, ha recibido el respaldo de los sindicatos CSIF y UGT y el rechazo "rotundo" de CIG y CC.OO.
La votación de los 14 puntos de la modificación, que la Xunta tramitará a través de la Ley de Presupuestos de 2011 que aprobará este martes en un Consello extraordinario, formaba parte del orden del día de la comisión de personal de este lunes.
La movilidad, la libre designación y el plus de altos cargos han sido desde el pasado lunes --cuando la Dirección Xeral de Función Pública presentó el borrador del texto a los sindicatos-- algunos de los puntos que han causado mayor contestación por parte de las centrales.
Al respecto, la Consellería de Facenda destaca en un comunicado que la "aceptación de demandas" de los representantes de los empleados públicos ha provocado el establecimiento de una movilidad "siempre de carácter voluntario" y que los planes de ordenación de los recursos humanos "se negociarán" con los sindicatos.
PLUS DE ALTOS CARGOS Y OTRAS MODIFICACIONES
Resalta que "se substituye" el cambio previsto en el régimen de incompatibilidades --por el que los asesores no debían atenerse al mismo-- por otro en la Ley de Función Pública, de forma que se excluye al personal eventual --excepto a los jefes de gabinete-- de la posibilidad de percibir el plus de altos cargos.
Asimismo, enumera otras cuestiones que se incluirán en la norma autonómica como la "ampliación" de los beneficios para las empleadas públicas víctimas de violencia de género, la regulación de la excedencia por prestación de servicio en el sector público y el cambio de la adscripción de las personas que cesen en un puesto "para garantizar la ocupación de todas las vacantes".
En suma, el departamento que dirige José María Barreiro defiende que los cambios responden "en gran medida" a la adaptación de la normativa gallega al Estatuto Básico del Empleado Público, y asegura que repercutirán en la consecución de una administración "más ágil y eficiente".
CIG Y CC.OO., CONTRA LA LIBRE DESIGNACIÓN
Sin embargo, y en cuanto se refiere a la libre designación de altos cargos, la consellería sólo especifica que "otro de los aspectos que se modifican es la exigencia de plena disponibilidad horaria a los puestos clasificados como libre designación".
La designación "a dedo" de los jefes de servicio constituye uno de los motivos "fundamentales" de la votación en contra de CIG y CC.OO. en la comisión de personal, según han subrayado, en declaraciones a Europa Press, el secretario nacional de CIG-Autonómica, Fernando García y el secretario xeral de la Federación de Servizos á Cidadanía de CC.OO., Ramiro Otero.
Mientras el portavoz de CIG denuncia que el Ejecutivo "mantiene" lo mismo "con otra redacción un poco más barroca", el responsable de CC.OO., aunque reconoce que "sí hay avances", expresa su oposición porque el compromiso de la conselleira de "no incluir" esta modificación mediante las cuentas de la comunidad.
Al respecto, Otero apunta que CC.OO. estudia la presentación de "recursos" a esta ley, algo en lo que incide Fernando García: "Vamos a luchar por la vía del trámite parlamentario, a ver si entran en razón, y por la vía judicial por una cuestión de forma, ya que no se nos convocó".
"FALTA DE CRITERIOS" Y "OTRO SISTEMA" PARA LA MOVILIDAD
En relación con la movilidad, CC.OO. cree que "hubo avances" pero critica que "no se clarificaron criterios". Por su parte, CIG apunta que "se suprimió la comisión de servicios forzosa" pero "se articuló otro sistema", en referencia a las Relaciones de Puesto de Trabajo (RPT).
De esta forma, asegura García, la Xunta "se reserva la posibilidad de adscribir un puesto a una consellería, unidad, organismo o agencia diferentes", con lo que "sigue habiendo una movilidad forzosa", incide.
CSIF, "SATISFECHO" POR UNA NEGOCIACIÓN "REAL"
En lo que se refiere a CSIF, el presidente del sector autonómico, Juan Carlos Rivas, ha explicado su voto a favor de la reforma porque, desde el pasado jueves, Facenda inició un proceso de negociación "express" que supuso un "punto de inflexión" y "acercamiento importante" entre ambas partes.
Así, la central sindical "presentó una batería de alegaciones" al texto que la Dirección Xeral de Función Pública "aceptó en casi su totalidad", sobre todo, en el "caballo de batalla" de CSIF, la movilidad forzosa.
"Satisfecho" por un proceso de negociación "real", Rivas ha visto un "logro importante", asimismo, en el "compromiso" de la Administración de redactar una nueva ley "plenamente adaptada" al Estatuto básico del empleado público el año que viene.
También ha valorado el comienzo de un proceso de "funcionarización" del personal laboral y cambios en la escala de agentes facultativos medioambientales.
UGT: "NINGÚN PUNTO HA QUEDADO IGUAL"
Ambas cuestiones, al igual que la garantía de una negociación en 2011, han sido referidas por el secretario nacional del sector de Autonómica de la Federación de Servicios Públicos de UGT, José Francisco Núñez, quien ha destacado, al igual que Rivas, que "se han aceptado la mayoría de las alegaciones". "No ha quedado ningún punto igual", sino que todos "han sido mejorados", ha recalcado.
Por otra parte, el representante de CSIF ha tachado de "irresponsable" la actitud de "otros sindicatos", en alusión velada a CC.OO. y CIG, pues "sin el apoyo sindical, la propuesta aprobada habría sido la inicial", ya que el voto de las centrales no es vinculante.
"Nuestro voto a favor está plenamente justificado y atiende a la demanda de los funcionarios", ha remachado. Por contra, la CIG ha manifestado "no comprender" el "aval" de CSIF y UGT a la Xunta.
SALARIOS Y OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO
Previamente a la reunión de la comisión de personal, en la que se ha votado la reforma, los sindicatos estaban convocados a la mesa de la Función Pública, en la que Facenda les ha presentado el Capítulo I de los Presupuestos, que incluye las cuestiones salariales y son "un calco de los del Estado", según Fernando García.
Las centrales coinciden en este apartado, ya que critican la "congelación salarial" y señalan una pérdida "adicional" de poder adquisitivo del 2,1 por ciento, relativa al IPC, con lo que sitúan "el recorte" en un 7 por ciento.
Por ello, Otero apunta que están "a la espera" de "ver qué sale" de la vía judicial iniciada por la Audiencia Nacional en la rebaja de los sueldos de los funcionarios ejecutada por el Gobierno central.
Además, la CIG asegura que la Xunta de "no aprovecha el pequeño margen" que tiene para "compensar" los recortes estatales mediante la convocatoria de ofertas de empleo público, al acusarla de "reducirlas al 10 por ciento" de la reposición de efectivos del personal. Esto quiere decir, concluye, que de cada 100 vacantes "no se pueden sacar más de 10 plazas".
