SEVILLA, 25 May. (EUROPA PRESS) -
El consejero de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, José Juan Díaz Trillo, informó hoy de que ya se han cumplido el 63 por ciento de las medidas incluidas en los Planes de Desarrollo Sostenible, es decir, 2.909 de 4.561, que se llevan a cabo en Andalucía, lo que ha significado una inversión de 2.350 millones de euros.
Durante su comparecencia en el Parlamento andaluz en Comisión de Medio Ambiente, el consejero afirmó que estos planes de desarrollo sostenible, en el que participan 224 municipios andaluces, han sido una "avanzadilla" de la economía sostenible que "guía buena parte de las acciones del Gobierno andaluz".
Asimismo, dijo que estos instrumentos seguirán siendo la "hoja de ruta" del Gobierno andaluz, garantizando que "no renunciaremos a seguir protegiendo los espacios naturales, sino que, al contrario, buscaremos la manera de contagiar al resto del territorio de sus valores", principio rector de la futura Ley de Espacios Protegidos de Andalucía que vendrá a sustituir la aprobada en 1989 y que verá la luz el próximo año 2011.
Tal y como recordó, la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía cuenta con 244 enclaves, que ocupan tres millones de hectáreas de superficie, el 30 por ciento del territorio andaluz, en el que viven más de tres millones de ciudadanos.
Por otro lado, destacó el trabajo que desarrolla su departamento en la conservación y protección de especies, con diez planes generales de recuperación que dan cobertura a 135 especies de flora y fauna amenazadas como el águila imperial, el buitre negro, el quebrantahuesos o el lince ibérico.
Asimismo, se refirió a la Ley de Gestión Integrada de Calidad Ambiental (Ley Gica) como "piedra de toque" para dirigir la acción tanto del sector privado como de la Administración pública en la conservación del medio natural, con instrumentos como el Plan de Mejora de Calidad del Aire, de Prevención y Gestión de Residuos Peligrosos y No Peligrosos u otros sectoriales como el del Campo de Gibraltar o de Huelva y su entorno.
También hizo mención Díaz Trillo a la gestión del agua, recordando que el Parlamento está a las puertas de aprobar la primera Ley de Aguas de Andalucía "que quieren los andaluces" después de que se subsane el "error" por el que se incorporaron 29 enmiendas del PP-A que alteran la filosofía de la norma elaborada por el PSOE-A. Asimismo, aseguró que para 2015 se cumplirán los compromisos existentes en depuración de aguas marcados por la Directiva marco europea.
El consejero destacó que lo que marcará los compromisos de la Consejería de Medio Ambiente en el futuro es la sostenibilidad en el medio ambiente urbano, donde "hay que poner más el acento", con iniciativas de reciclaje, contra la contaminación lumínica y acústica --que tendrán reflejo en la próxima aprobación de sendos decretos--.
Por su parte, la diputada del Grupo Popular Aránzazu Martín Moya señaló que la gestión del medio ambiente durante esta legislatura está marcada por la "interinidad", con tres consejeros frente al departamento hasta el momento, lo que "debilita la acción del Gobierno e irremediablemente condiciona las decisiones y ralentiza los proyectos".
"FRACASO" DEL PLAN DE INUNDACIONES
La 'popular' se refirió en su intervención a las "graves" inundaciones que se sucedieron en Andalucía durante este invierno y que han afectado al litoral y 50.000 kilómetros de caminos rurales, así como 253 carreteras de las 473 que conforman la red autonómica, más de 700 viviendas y 2.000 vecinos, lamentando el "fracaso del Plan de Prevención de Avenidas e Inundaciones en Andalucía".
Así, dijo que la Junta sólo ha invertido el 16 por ciento de los más de 800 millones comprometidos en este plan hasta la fecha y demandó que se lleve a cabo la revisión y actualización del mismo y se acometa un plan real de inversiones.
Además, lamentó que un tercio de la población andaluza se encuentra en riesgo de acceder a agua en mal estado mientras está pendiente la construcción de más de 300 depuradoras en Andalucía y el 50 por ciento de las existentes no funciona, algo que se pretende "cargar al bolsillo de los andaluces con nuevos tributos recogidos en la futura Ley de Aguas".
Aseguró que la gestión de los espacios naturales "no ha conseguido llegar a los habitantes de los municipios que en ellos se inscriben", diciendo que la declaración de un espacio natural protegido "ha conllevado la disminución de la población del mismo y su envejecimiento".
También pidió una reflexión sobre cómo va afectar la reciente sentencia del Tribunal Supremo a la actividad de Egmasa que, según dijo, con un presupuesto para 2010 de 152 millones de euros "gestiona la totalidad de acción del Gobierno andaluz en materia de medio ambiente provocando alarmantes situaciones de sectarismo, enchufismo y persecución sindical".
"Hay que acometer cambios profundos en Egmasa y dar mayor responsabilidad al empleado público, al que, además de bajarle el sueldo, hay que incentivar y reciclar continuamente para mejorar el servicio que presta", incidió.
"PRIVATIZACIÓN BLANDA" A TRAVÉS DE EGMASA
Por otro lado, el diputado de IULV-CA José Antonio Castro Román mostró su "preocupación" por el devenir de la Consejería de Medio Ambiente durante esta legislatura y defendió que la sostenibilidad tiene que ser "otra forma de entender la sociedad e impregnar todas las acciones del Gobierno en el transporte, movilidad, ordenación del territorio o el empleo".
Igualmente, pidió al consejero que detalle cómo van a afectar los recortes del Gobierno para reducir el déficit público a las políticas de medio ambiente e instó a colocar la lucha contra el cambio climático a la altura del grupo de derechos básicos.
También demandó un cambio en la política de "privatización blanda de servicios" a través de Egmasa, entidad a la que, según dijo, se deriva la investigación de los incendios forestales "acorralando a los Agentes de Medio Ambiente que tienen atribuidas estas funciones".
