La mayoritaria APM es contraria a eliminarlo pero otros representantes de jueces y fiscales ve bien reducirlo al máximo, como en otros países
MADRID, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -
Las asociaciones de jueces y fiscales están divididas ante el escenario de una reforma legal que retirase el aforamiento a estos colectivos, una medida que contaría con el visto bueno de Jueces para la Democracia (JpD) y de la Francisco de Vitoria, pero no de la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM).
En declaraciones a Europa Press, el presidente de la APM, Pablo Llarena, ha recalcado que el aforamiento "no es ningún privilegio" y que jueces y fiscales sólo están aforados por posibles delitos cometidos en el ejercicio de su función como jueces.
Por eso, ve "lógico" que los jueces estén aforados, para que quien evalúe si han delinquido en el ejercicio de sus funciones sea un tribunal superior y no "un juez del mismo grado". "Todo lo demás responde a planteamientos populistas y superficiales", ha dicho.
Jueces y fiscales suponen la mayoría de los alrededor de 10.000 aforados que existen en España (suman unos 7.500). En el caso de los políticos --diputados, senadores y parlamentarios autonómicos--, Llarena cree que tan "sensato" sería mantener su aforamiento como modificarlo, por ejemplo para limitarlo a su actividad pública y excluir la esfera personal.
Esto es así porque ve normal que juzgar a quien representa a una institución esté en manos de jueces con "experiencia, conocimiento y responsabilidad" y evitar que la institución se someta a un "desgaste" y que luego se revoque la decisión del juez.
Eso sí, la APM defiende que a los vocales de extracción judicial del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), 12 de un total de 20, los elijan directamente los jueces y no el Parlamento. También ve positiva la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) que eliminará los jueces designados por los Parlamentos autonómicos --no pertenecientes a la carrera-- de los tribunales superiores de justicia autonómicos.
En cambio, el portavoz de la Francisco de Vitoria, Marcelino Sexmero, es partidario de que jueces y fiscales dejen de estar aforados, aunque defiende que su aforamiento, "al contrario que para los políticos, no es un privilegio".
UNA FALTA DE CONFIANZA EN LOS TRIBUNALES
Para Sexmero, el aforamiento es "una falta de confianza y un desdoro hacia los tribunales ordinarios". En su opinión, los jueces están aforados porque los políticos no quieren que les juzgue un compañero, mientras que, en el caso de los políticos, se traduce en que son juzgados por tribunales "más permeables" y eso "dificulta la investigación".
Por su parte, JpD es partidaria de un debate para reducir drásticamente el número de aforados, incluyendo a los propios jueces, y en general de una amplia "reforma institucional" que incluya modificaciones en la Constitución, dado que el aforamiento de diputados y senadores está incluido en la Carta Magna.
Según Joaquim Bosch, España debería acercarse a los países de su entorno y no tener aforados, o que lo sean sólo los miembros del Gobierno. Sin embargo, sí cree que deben analizarse posibles problemas en los juicios a jueces y magistrados, ya que serían juzgados por alguien de "rango equivalente", sobre todo si es juzgado en el mismo partido judicial.
También el presidente de Foro Judicial Independiente, Ángel Dolado, es partidario de reducir los aforamientos todo lo posible, tanto para lso políticos como para jueces y fiscales y, en todo caso, ve posible limitarlo al ámbito penal, nunca al civil. Ninguna de asociaciones judiciales ha sido contactada por el Ministerio de Justicia para abordar este asunto.
LOS FISCALES, CAUTOS
En cuanto a los fiscales, las asociaciones consultadas por Europa Press han dejado claro que no tienen definida una posición pero en general son críticos con la figura. Para el portavoz de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales, Salvador Viada, el aforamiento, fundamentalmente el de los políticos, "es la clave de bóveda de la politización de la Justicia", puesto que los jueces encargados de juzgar a los aforados "son los elegidos a dedo por el Consejo General del Poder Judicial".
En el caso de los fiscales, Viada ha explicado que antes de tomar posición querría un debate abierto a toda la carrera fiscal, pero en principio considera que, en línea con lo que sucede en otros países europeos, no debe haber aforados --"ni nosotros, ni nadie", ha dicho--, que éstos deberían ser los menos: el presidente del Gobierno, el de las Cortes y el del Tribunal Supremo.
Por su parte, el presidente de la Unión Progresista de Fiscalez (UPF), Álvaro García Ortiz, cree que "sería sano" abrir una reflexión en profundidad sobre esta figura, ya que considera que en una "democracia asentada" la separación de poderes debe venir de su propio ejercicio, y no de este tipo de figuras.
¿ES UN PRIVILEGIO EL AFORAMIENTO?
No obstante, ha dejado claro que lo primero sería analizar si el aforamiento es o no un privilegio, y ha puesto el caso del exjuez Baltasar Garzón, que tal vez habría preferido disponer de una segunda instancia en lugar de ser juzgado por el Supremo.
García Ortiz ha admitido que su asociación no ha debatido su posición sobre el aforamiento de los propios fiscales, pero cree que en su caso el aforamiento es "casi una lógica procesal inevitable", para evitar que sean juzgados por compañeros con los que trabajan a diario.
Sin embargo, cree que podrían buscarse otro tipo de mecanismos y ha aludido al caso de policías y guardias civiles que, dado que también trabajan con los jueces, en caso de ser juzgados lo son por las Audiencias Provinciales.
En el caso de los políticos, sí cree que hay demasiados aforados, y ha mirado en concreto a los parlamentarios autonómicos, especialmente porque los tribunales superiores de justicia, que son quienes deben juzgarlos, a menudo cuentan con magistrados nombrados por las propias cámaras.
