MADRID, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -
El sindicato CC.OO. ha criticado al ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, por su "cobardía" y al ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, por "violar" el acuerdo alcanzado con las comunidades autónomas para incluir 1.164 plazas de la Administración de Justicia en la oferta de empleo pública de 2013.
CCOO ha advertido de que llevará ante los tribunales la ausencia o la convocatoria "profundamente" insuficiente en las plazas de la Administración de Justicia y pedirá responsabilidades al Gobierno por su "indeseable" actuación en todo este proceso.
En un comunicado, el sindicato ha denunciado que el Gobierno ha dado "marcha atrás" y no incluirá en la oferta aprobada este viernes las plazas destinadas a la Administración de Justicia que pactó con las comunidades autónomas y las administraciones públicas.
El Gobierno "no convocará las 1.164 plazas de la Administración de justicia en la oferta de empleo pública de 2013 que comprometieron esas administraciones o, en el mejor de los casos, las reducirán a un máximo de 300 en total (secretarios y gestión exclusivamente)", ha afirmado.
El Consejo de Ministros ha aprobado hoy 300 plazas de empleo público para personal de la Administración de Justicia. Un total de 58 plazas se destinarán al Cuerpo Superior de Secretarios Judiciales y las 242 restantes al Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa, el personal al servicio de las oficinas judiciales.
CC.OO. denuncia que el "Ministerio de Justicia, Función Pública (dependiente del Ministerio de Hacienda) y las comunidades autónomas con competencias transferidas, habían acordado hace varias semanas que 1.164 plazas de la Administración de Justicia fueran incluidas en la OEP 2013".
ENGAÑO A LOS TRABAJADORES
"CCOO acusa a Montoro, un ministro que ha utilizado el engaño y la burla a los trabajadores y ha convertido sus actuaciones en una burda y grotesca forma de gobernar, y a Gallardón, un ministro patético que es capaz de romper acuerdos como la oferta de empleo pública, tan necesarios para los trabajadores y para la ciudadanía y, a su vez, otorgar privilegios escandalosos a un colectivo, como el Colegio de Registradores de la Propiedad, del que personas de su entorno y el mismo presidente del Gobierno forman parte. En cualquier país democrático del mundo sería constitutivo de un presunto delito de trato de favor (artículo 428 del Código Penal)"
Según explica, todas las comunidades con competencias transferidas, excepto Galicia, habían acordado con el Ministerio de Justicia incluir plazas de la Administración de Justicia en la oferta de 2013, como así lo manifestaron a las mesas sectoriales. Las comunidades de Aragón, Asturias, Cantabria y Rioja incluían plazas en el ámbito no transferido, y las demás, Andalucía, Canarias, Cataluña, Madrid, Navarra, Valencia y País Vasco lo hacían con convocatoria propia.
El número de plazas que el Ministerio de Justicia, Función Pública y las CCAA habían acordado convocar ascendía a 1.164 plazas, de las cuáles 371 correspondían al ámbito no transferido (de ellas, 100 plazas de Secretarios Judiciales) y el resto, 793 a los Cuerpos de Gestión, Tramitación y Auxilio de esas comunidades.
De éstas últimas, Andalucía convocaría 124; Canarias, 78; Cataluña, 246; Madrid, 163; Navarra, 18; Valencia, 79; y País Vasco, 85. "Si finalmente el Gobierno no incluye plazas de la Administración de Justicia en la OEP 2013, o las reduce a no más de 300 en total, en toda España, el daño infringido a trabajadores y trabajadoras será de una magnitud irreparable", advierte.
Denuncia así que el acuerdo ha sido roto "unilateralmente" por Montoro, con la complicidad de Gallardón, quien "no ha defendido dicho acuerdo, y vuelve a demostrar su inmensa cobardía cuando debe enfrentarse en el Gobierno a decisiones ya comprometidas y tan importantes, como ésta, con el único objetivo de conservar su cargo".
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