MADRID, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -
Casi la cuarta parte de los niños españoles viven bajo el umbral de la pobreza, según el 'informe sombra' sobre la aplicación de la Convención de los Derechos del Niño que la Plataforma de Infancia remitirá al Comité internacional homónimo, para complementar el documento que debe presentar el Gobierno sobre este asunto.
El informe, presentado este lunes, se ha elaborado a partir de grupos de trabajo con las principales entidades dedicadas a infancia y un sondeo entre 271 menores de entre 10 y 17 años. Analiza la aplicación de la Convención a partir de las recomendaciones que el Comité hizo a España en su último informe, fechado en 2002 y propone recomendaciones concretas sobre 15 áreas de "preocupación", como la educación, la salud, o los tipos de tutela.
En declaraciones a Europa Press, la coordinadora del informe, Conchi Ballesteros, explicó que estas "elevadas" tasas de pobreza infantil que rondan el 24 por ciento se han mantenido pese a que el país "ha vivido una década económicamente favorable porque no se han realizado los esfuerzos necesarios aprovechando esa bonanza". "Aunque se han incorporado planes de inclusión social, no se ha hecho de forma prioritaria", señaló.
"Es urgente la planificación y la coordinación para enfrentar los altos índices de pobreza infantil en España", explica el informe, en el que la Plataforma recomienda "la creación de un Plan Nacional de Lucha contra la Pobreza Infantil que establezca un marco coherente en el que identificar las acciones prioritarias de lucha contra la exclusión infantil, con objetivos específicos y medibles, con indicadores claros, con plazos y con el suficiente respaldo económico".
"MAYOR COORDINACIÓN"
Otra de las "preocupaciones" que la Plataforma refleja en el informe que entregará en la ONU es la "necesidad de una mayor coordinación entre todos los organismos públicos nacionales", algo que ya reclamó a España el Comité de Derechos del Niño ya que, conforme apuntó Ballesteros, "en cada comunidad hay un sistema distinto, de forma que los chicos no están igual dependiendo del territorio".
En este sentido, mencionó como ejemplos las distintas políticas de las comunidades autónomas en materias como el acogimiento residencial o familiar o el tratamiento que reciben los menores extranjeros no acompañados, asuntos sobre los que el Observatorio de Infancia Estatal debería marcar directrices homogéneas, aunque para eso "tendría que contar con más recursos y que sus acuerdos pudieran ser vinculantes".
Para que esta coordinación sea efectiva, la plataforma reivindica una compilación de datos nacional, ya que "sigue sin existir un único sistema de información compartido a nivel estatal y autonómico" que permita identificar la situación de los menores en todo el territorio con criterios homogéneos. "La información sigue estando dispersa", lamentó Ballesteros.
Asimismo, la organización pone el acento en las "altas tasas de abandono y absentismo escolar" vigentes en España. Sobre este asunto, la coordinadora del informe señaló que "aunque la oportunidad de un Pacto de Educación parece perdida" si no se alcanza un consenso entre las principales fuerzas políticas "las medidas siempre van a resultar ineficaces".
Estas recomendaciones, junto a la solicitud de más recursos, una "mejor identificación" de su uso para la infancia y un Plan Estratégico que "establezca metas e indicadores que permitan una evaluación de su aplicación" son las principales carencias detectadas por la Plataforma en la ejecución de la Convención de los Derechos del Niño en España y así lo trasladarán a Naciones Unidas, conforme explicó Ballesteros.
