MADRID, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -
El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha mostrado su respeto hacia quienes "quieren mantener el antiguo régimen" de tasas judiciales pero ha afirmado que el Gobierno "no está dispuesto a mantener esa actitud conservadora" porque "el sistema de la Justicia en España no puede continuar como está". Es más, ha dicho que son "el primer paso" de un "cambio absoluto" en la Justicia.
"Estamos saliendo ahora de un largo letargo que ha vivido demasiadas décadas de conformismo y resignación", ha defendido tras intervenir en un acto en la Casa Sefarad de Madrid. El ministro ha defendido la necesidad de que el sistema judicial responda a "lo que quiso" el legislador constituyente y a lo que demandan los ciudadanos.
En este sentido, ha dicho que la ley de tasas es el "primer paso dentro del cambio absoluto" que el Ejecutivo impulsará para que la Justicia resuelva los conflictos "en tiempo, con seguridad y con todas las garantías legales".
"Entiendo y respeto a los que quieren continuar en el régimen vigente, pero no estamos dispuestos a mantener esa actitud conservadora", ha indicado.
En este sentido, ha recordado el compromiso con el que llegó al Ministerio, basado en lograr que la Justicia sea "uno de los servicios más eficientes del Estado", que garantice la tutela judicial efectiva y que contribuya a aumentar la competitividad del país.
ACCESO DE QUIENES NO TENGAN RECURSOS
En esta línea, ha sostenido que el Gobierno garantizará el acceso a la Justicia gratuita a quienes carezcan de recursos económicos para litigar y al mismo tiempo facilitará que los jueces y magistrados "resuelvan aquellos conflictos que de verdad deben ser resueltos y no queden paralizados en los tribunales".
"Con todos mis respetos a todos los colectivos afectados, recuerdo que el Gobierno trabaja para el interés de los españoles", ha afirmado, para hacer hincapié en que se ampliarán los beneficiarios que podrán acogerse a la ley de justicia gratuita.
Sobre la ley de tasas judiciales se ha pronunciado también el ministro de Exteriores, José Manuel García Margallo, que ha defendido que la medida es "absolutamente bienvenida" para mejorar la marca España, crear empleo y aumentar la inversión en el país, porque servirá para actuar contra la lentitud de la Justicia.
