Aviso: Esta noticia tiene más de un año. Última actualización: 27/01/2011 17:01
El Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad ha anunciado este jueves a las comunidades autónomas, reunidas en la Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales, sobre la elaboración de un anteproyecto de ley para impulsar el acogimiento familiar de los menores de entre 0 y 6 años que se encuentran internados en centros, que supondrá la reforma del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Así lo ha anunciado la secretaria general de Política Social, Isabel Martínez, tras participar junto a la ministra Leire Pajín en este encuentro con los responsables autonómicos en materia de Asuntos Sociales en la sede de su departamento. Esta medida responde a las recomendaciones de la Comisión Especial de Estudio de la Adopción Nacional del Senado.
"Hay demasiados niños internados en centros en España y hay que ir a fórmulas más efectivas y garantistas de los derechos del menor", ha indicado Martínez, para añadir que "está demostrado que un menor donde mejor está es con una familia".
Si bien ha reconocido que las políticas relativas al menor "son competencia exclusiva de las comunidades autónomas", también ha recordado que el Ministerio de Sanidad Política Social e Igualdad debe establecer marcos legales para incentivar determinadas políticas.
Así, ha señalado que su departamento trabajará con el Ministerio de Justicia para modificar la leyes necesarias con el objetivo de "priorizar" el acogimiento familiar de los niños y, en su caso, la adopción, frente a la estancia en un centro. También ha asegurado que pretende que este borrador pueda presentarse en el primer semestre de 2011.
Martínez ha argumentado que este proyecto tiene como objetivo "redefinir" la situación de amparo y desamparo de los menores, su tutela, la figura de la 'familia acogedora' y reducir la estancia en los centros de acogida. "Queremos revisar todo esto y adaptarlo a los modelos que tienen los países de nuestro entorno para hacerlo más ágil y con mayores garantías", ha apostillado.
Por último, el Gobierno ha informado también a las comunidades autónomas sobre tres proyectos normativos para las personas con discapacidad, como el "refuerzo" de sus derechos mediante la adaptación a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la "mejora" de las condiciones de vida en el mercado de trabajo y la "facilitación" del acceso y la utilización de los bienes y servicios a disposición del publico.