MADRID, 30 Dic. (EUROPA PRESS) -
El Consejo de Ministros, a propuesta del ministro de Justicia, Francisco Caamaño, aprobó hoy un acuerdo por el que se crea la 'Comisión de modernización del lenguaje jurídico', que en el plazo de un año deberá elaborar un informe que analice la situación actual del lenguaje empleado por los profesionales del Derecho y recomiende las acciones que considere necesarias para que el lenguaje jurídico sea más comprensible para la ciudadanía.
El compromiso del Gobierno con la modernización del lenguaje jurídico arrancó con el Plan de Transparencia Judicial, aprobado por el Gobierno en 2005 para alcanzar el objetivo de la Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia. A este compromiso se sumó recientemente la previsión del 'Plan Estratégico para la Modernización de la Justicia' de crear esta comisión de expertos, que sentará las bases "para que el carácter técnico y específico del lenguaje jurídico no esté reñido con su transmisión de forma clara y accesible al ciudadano".
El Ministerio espera que el informe permita identificar, entre otras cuestiones, los problemas lingüísticos básicos que las comunicaciones escritas, las vistas y comparecencias ocasionan a los ciudadanos y también a los profesionales del Derecho
Esta Comisión, adscrita a la Secretaría de Estado de Justicia, estará presidida por su titular, Juan Carlos Campo, y su vicepresidente será Víctor García de la Concha, director de la Real Academia Española de la Lengua.
Actuarán como vocales la portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gabriela Bravo; el presidente del Consejo General de la Abogacía, Carlos Carnicer Díez; el miembro de la Real Academia Española Salvador Gutiérrez Ordóñez; la periodista de 'El País' Gabriela Cañas Pita; el presidente de la Agencia Efe Alex Grijelmo García; el fiscal jefe del tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Jesús María García Calderón; la periodista de 'El Mundo' María Peral y la profesora de Filosofía del Derecho en la Universidad de Alcalá de Henares Mercedes Bengoechea Bartolomé.
El presidente de la Comisión deberá establecer el calendario de sesiones, el método de trabajo y las decisiones necesarias para que cumpla su mandato. Con carácter ordinario, la Comisión, que desempeñará sus funciones de forma gratuita, se reunirá con una periodicidad mínima mensual y quedará disuelta una vez que haya presentado su informe al ministro de Justicia.
Asimismo, el grupo podrá ser asistido por un comité técnico, coordinado por el director del Gabinete del secretario de Estado de Justicia, y dispondrá de los medios necesarios para el ejercicio de sus funciones.
