BARCELONA, 20 Sep. (EUROPA PRESS) - Puigdemont no ha utilizado la palabra referéndum: "Estamos convocados el día 1 de octubre para defender la democracia frente a un régimen represivo e intimidatorio" que es el Estado, a su juicio. Así, el Govern mantiene el 1 de octubre como fecha clave en la hoja de ruta soberanista, pero no ha dado detalles sobre si la operación policial de este miércoles supone un contratiempo importante para celebrar la votación y, por lo tanto, el primer día de octubre lo que habrá es una movilización. Pese a esta suspensión "de facto" que él ve de la autonomía catalana y la aplicación de un estado de excepción --también 'de facto', ha dicho--, ha asegurado que su Govern se siente "legitimado" para seguir tomando decisiones, ya considera que tiene el aval del Parlament y le ampara la victoria electoral que obtuvo en las elecciones catalanas del 27 de septiembre de 2015. Ha apelado a los demócratas indignados de dentro y de fuera de Catalunya por la actuación del Estado este miércoles, y ha asegurado: "El Govern se ratifica en el compromiso de defenderlos siempre. No aceptaremos un retorno a épocas pasadas. No aceptaremos que no nos permitan decidir las épocas futuras". "No nos echaremos atrás porque no tenemos derecho a ello. Defenderemos el derecho de los ciudadanos a decidir su futuro", ha zanjado el presidente, que ha comparecido arropado por los miembros de su gabinete. Puigdemont ha asegurado que el Gobierno central ha cruzado la línea roja que separa una democracia de un régimen autoritario y se ha convertido en una "vergüenza democrática", y ha defendido que Catalunya se ha convertido en un caso excepcional en la UE. "Ha suspendido de facto el autogobierno y ha aplicado de facto un estado de excepción" en Catalunya, ha reprochado al Gobierno central, y ha definido como agresión coordinada la operación policial. "Denunciamos como ilegítima la suspensión y la intervención del Govern de Catalunya ya que no respeta los principios elementales de la democracia", ha concluido Puigdemont, que asegura que sus tesis tienen un amplio respaldo entre la sociedad catalana. Considera que lo que se ha vivido los últimos días en Catalunya es una violación de la Constitución y de la Carta de Derechos Humanos de la UE, y ha prometido "todo el apoyo", amparo y asistencia jurídica a los altos cargos y técnicos detenidos este miércoles.
