Investigan al alcalde de Garrucha (Almería) por supuestas obras irregulares en una finca rústica de Vera

ALMERÍA 28 May. (EUROPA PRESS) -

La Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Vera (Almería) mantiene abierta una investigación judicial contra el alcalde de Garrucha, Álvaro Ramos, ante un supuesto delito contra la ordenación del territorio y el medio ambiente a raíz de unas obras de edificación de una vivienda con piscina en una finca rústica de Vera.

Fuentes judiciales han confirmado a Europa Press que el primer edil garruchero fue llamado a declarar el pasado 23 de abril por el titular de la Plaza 4 del mencionado juzgado en calidad de investigado en relación a sus actuaciones en la parcela que, según afirmó, adquirió en 2020 junto con su mujer.

La juez inició la investigación el pasado 9 de marzo tras haber recibido una denuncia por parte del Seprona de la Guardia Civil en la que se manifestaba que el primer edil --que también es agente de Medio Ambiente de profesión-- habría realizado construcciones "ilegales" en su finca.

El atestado apunta que la finca habría experimentado distintas obras a lo largo de los últimos que habrían transformado una edificación rústica, destinada a establos o granjas, en un inmueble destinado al uso residencial.

Según sus averiguaciones, la parcela habría sido objeto de obras entre 2016 y 2023 "sin licencia urbanística municipal, sin autorización ambiental ni informe favorable alguno" a pesar de situarse en suelo "no urbanizable de carácter natural o rural" conforme al planeamiento de Vera.

Así, consta la construcción de una vivienda de 95 metros cuadrados entre 2016 y 2018, la realización de una ampliación entre noviembre de 2019 y mayo de 2021 --ya bajo la propiedad de Ramos-- y la ejecución de una piscina de 25 metros cuadrados y dos porches entre mayo de 2021 y junio de 2023, además de un aparcamiento y almacenaje para una embarcación.

Según el Seprona, dichas construcciones se hicieron sin obtener los permisos necesarios al tiempo que no podrían considerar "autorizables bajo ninguna de las excepciones previstas en la normativa urbanística y medioambiental vigente" al exceder "con mucho" los límites previstos en la normativa vigente.

La denuncia de la Guardia Civil ahonda además en que las construcciones incumple las normas subsidiarias vigentes y vulnerarían la LOUA puesto que lo construido no se corresponde con "edificaciones destinadas a uso agrícola, forestal ni ganadero" al tiempo que tampoco es una "vivienda vinculada a explotación agrícola ni equipamiento de interés público o social".

Así, advierten que el conjunto se configura como una actuación "sistemática" de "urbanización ilegal" al tiempo que avisan de la supuesta responsabilidad del primer edil garruchero al considerar que, bajo su condición de agente de Medio Ambiente, habría actuado con "pleno conocimiento de su ilegalidad".

La actuación del Seprona vino dada a partir de la denuncia interpuesta por el exresponsable municipal de Urbanismo de Garrucha, que advirtió de posibles irregularidades en la finca situada en el paraje Nuevo Olivares. El mismo fue denunciado por Ramos en el marco de otro procedimiento por supuestamente haber regalado materiales de obra financiados con fondos municipales a vecinos del pueblo.