SEVILLA, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -
Carlos Vaz Calderón, auditor de la Cámara de Cuentas de Andalucía, en la que ingresó en 2003, ha señalado que en 2012, cuando participó en el equipo auditor de este órgano que fiscalizó a propuesta del Consejo de Gobierno los expedientes de las ayudas sociolaborales a trabajadores y empresas concedidas por la Dirección General de Trabajo de la Consejería de Empleo una vez que se abrió la investigación judicial de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos, sí apreció "potencial riesgo" de menoscabo de fondos públicos en las citadas ayudas.
Vaz Calderón, que ha declarado este miércoles como testigo en el juicio que celebra la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla contra 22 ex altos cargos de la Junta por el procedimiento específico por el que se concedían las ayudas investigadas en los ERE entre el año 2001 y 2010, ha defendido no obstante que la Intervención General no emitió informe de actuación por las "irregularidades" detectadas en los informes de Control Financiero Permanente del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), posterior Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), ente encargado de materializar las ayudas, porque no detectó el riesgo.
En este sentido, ha señalado que es cierto que en la Cámara de Cuentas detectaron, tras el análisis de 102 expedientes de ayudas, "gastos sin consignación presupuestaria o la concesión sin control y procedimiento" de las subvenciones, esto es, "una situación efectiva potencialmente dañosa", si bien ha considerado "irrelevante" su opinión para determinar si la Intervención tuvo o no que hacer un informe de actuación, pues el riesgo de menoscabo es una cuestión "subjetiva" que tiene tomar el órgano, en este caso la Intervención, que tuvo que hablar con Empleo y Hacienda y ver cómo se gestionaban las ayudas.
"Lo que diga en 2012 es irrelevante para ver si en los años de gestión se detectó riesgo porque hay que ponerse en la piel del interventor", ha manifestado.
Vaz ha sido preguntado por su conocimiento del convenio marco de julio de 2001 entre la Consejería de Empleo y el IFA por el que se establecía que el ente instrumental materializaría el pago de las ayudas concedidas por la Dirección General de Trabajo, que allegaría fondos del programa presupuestario 31L a través de transferencias de financiación a IFA/IDEA, herramienta presupuestaria que para las acusaciones permitía eludir el control de fiscalización previa de las ayudas.
El testigo, a este respecto, ha señalado que "jurídica y presupuestariamente no habilitaba nada", sino que el convenio marco era "un acuerdo de voluntades, estrategias y intenciones". No obstante, ha apuntado que "laxamente hablando" podría verse "como una suerte de delegación de competencias, que no cumple la normativa, por ser firmado por el consejero de Empleo --José Antonio Viera-- y el IFA, a través de su presidente, que entonces era el exviceconsejero de Empleo Antonio Fernández.
Pero "a la luz de lo que se hizo y que la actividad --de concesión de las ayudas-- no la hacía IFA/IDEA, el convenio no tenía interés" en el trabajo de fiscalización de expedientes de la Cámara de Cuentas.
En este sentido, ha manifestado que la redacción en los borradores del informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas de la conclusión sobre la elaboración del informe de actuación por parte de la Intervención General, a la vista de las irregularidades detectadas en los informes de Control Financiero Permanente, "no fue la más afortunada", siendo la recogida en el informe definitivo "más ponderada".
IFA/IDEA ERA "MERA PAGADORA"
Al hilo de esto, señala que IFA/IDEA no era una entidad colaboradora sino un ente instrumental que tenía "una función mandatada", que era el pago de las ayudas, por lo que "me parece un exceso atribuirle" la responsabilidad a IFA/IDEA de adoptar medidas.
Además, ha expuesto que "no hay norma que diga que IFA/IDEA es una entidad colaboradora", lo dice la Intervención y la Cámara de Cuentas, pero la empresa "no tiene conciencia de serlo, en todo caso lo que hacía era instrucciones y mandatos".
Preguntado por la finalidad del programa presupuestario 31L, recogido en su memoria, de ayudas sociolaborales y a empresas instrumentalizándose en IFA/IDEA, ha afirmado que el ente no podía dejar de cumplir esa finalidad, precisando, no obstante, que "no tenía elección ni manejo sobre las transferencias de financiación, que ordenaba Empleo". "IFA/IDEA era mera pagadora", ha añadido.
En este sentido, Vaz ha señalado que una de las observaciones recogidas en los borradores del informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas señala que la administración autonómica pudo decidir que la competencia para dar estas ayudas investigadas la tuviera IFA/IDEA y de ser así "no se hubiera dado esta problemática".
Según ha explicado, de esta manera IFA/IDEA asumiría la actividad subvencionadora como actividad propia, que se puede financiar con las transferencias de financiación. El ente tendría "la competencia y la gestión" de las subvenciones, que serían sometidas a Control Financiero Permanente.
Ha indicado que no le dieron razones o motivos por lo que no se hizo así y siguieron con la concesión en la Dirección General de Trabajo y el pago en IFA/IDEA, si bien en algún documento observó durante los trabajos de fiscalización que los motivos expuestos eran "agilidad y eficiencia, razones muy vagas".
Precisamente sobre los trabajos de fiscalización de los expedientes de subvenciones, Vaz Calderón señala que se encontraron "documentación deficiente, que difícilmente se podía llamar expedientes". "Como no nos decían que normativa se aplicaba no sabíamos que documentos teníamos que tener", ha añadido. Además, ha indicado que las subvenciones "no estaban acreditadas", así como tampoco su interés público como subvención excepcional.
