Archivo - La secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO de Andalucia, Marina Vega. - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo
SEVILLA 26 May. (EUROPA PRESS) -
La federación de Enseñanza de CCOO de Andalucía ha señalado este martes que iniciará procesos judiciales en aquellas entidades que no estén aplicando íntegramente el quinto Convenio Colectivo Estatal de Reforma Juvenil y Protección de Menores, al tiempo que ha anunciado que exigirán la igualdad salarial para profesionales que realizan el mismo trabajo, circunstancia que consideran una "vulneración grave de derechos laborales".
Según ha detallado el sindicato en una nota, han definido esta situación de "doble escala salarial" dentro de un "servicio público esencial". "Vemos como profesionales que realizan exactamente las mismas funciones están cobrando salarios diferentes dependiendo de la fecha del contrato público que sostiene el servicio donde trabajan", han indicado.
Como ha explicado la federación, el 1 de enero de 2026 entró en vigor el nuevo convenio estatal del sector, una norma de obligado cumplimiento que regula salarios, complementos y condiciones laborales de las plantillas que trabajan en los centros de justicia juvenil y protección de menores. Sin embargo, según ha recriminado el sindicato, la aplicación del convenio "no se está realizando de forma homogénea en Andalucía".
"Mientras las nuevas licitaciones sí incorporan las mejoras salariales recogidas en el convenio, numerosos contratos prorrogados continúan funcionando con condiciones anteriores, dejando fuera complementos retributivos obligatorios como el complemento específico o el de centro cerrado", han apostillado.
Por su parte, la secretaria general de la federación de enseñanza de CCOO de Andalucía, Marina Vega, ha precisado que "los convenios colectivos no son opcionales. Son normas de obligado cumplimiento y deben aplicarse automáticamente en todos los centros y servicios, independientemente de cuándo se adjudicó el contrato".
En contexto, la decisión de acudir a la vía judicial llega después de meses de movilización sindical. En febrero de este año, la federación entregó más de 3.500 firmas ante la Consejería de Justicia, reclamando el cumplimiento íntegro del convenio y el respeto a los derechos laborales del personal del sector. Sin embargo, tal y como ha argumentado el sindicato, "la Administración andaluza no ha exigido ni facilitado a las entidades gestoras la actualización real de las condiciones laborales".
Por ello, el sindicato ha apuntado que impulsará reclamaciones judiciales de derecho y cantidad contra entidades como Afanas, Fundación Diagrama, Ginso y ADIS Meridianos en distintas provincias andaluzas.
"El objetivo es que los tribunales reconozcan judicialmente la obligación de aplicar el convenio en todos los contratos, incluidos aquellos prorrogados o anteriores a su entrada en vigor", ha señalado Vega.
Asimismo, la dirigente ha valorado el trabajo de "enorme complejidad social y humana" que desempeñan las plantillas de justicia juvenil. "Su trabajo diario incluye intervención socioeducativa intensiva, gestión de crisis, contención de conductas de riesgo y acompañamiento de menores y jóvenes en procesos de reinserción social, ha afirmado.
"Son profesionales que trabajan con adolescentes en situaciones de extrema vulnerabilidad, muchos de ellos marcados por experiencias de violencia, exclusión o graves conflictos familiares y sociales. A esta realidad se suma, además, un elevado nivel de exposición a riesgos laborales y agresiones", ha agregado Vega.