Las familias de los dos andaluces detenidos hace 14 meses en Guinea Ecuatorial reclaman al Gobierno que intervenga

CÓRDOBA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La hermana de Javier Marañón, el joven del municipio cordobés de Peñarroya-Pueblonuevo que junto al granadino David Rodríguez está preso en Guinea Ecuatorial desde principios del año 2025 por un supuesto caso de corrupción, del que ambos se han desvinculado, con la instalación de la Televisión Digital Terrestre (TDT), registrará este miércoles las más de 45.000 firmas de apoyo que han recogido a través de 'Change.org/DavidyJavier' para pedir al Gobierno de España que "intervenga con urgencia y de forma directa para la libertad de los dos, que llevan más de 14 meses en la cárcel de Black Beach".

Según ha expuesto en un comunicado Laura, la hermana de Javier, "son trabajadores inocentes que están pagando por los actos de otros", al tiempo que ha avisado de que David y su hermano "pueden morir si no se actúa pronto", de manera que ha rogado que no quieren que les den el pésame, sino que "los saquen de una vez de allí".

Además del registro de firmas, familiares y amigos de David y Javier se concentrarán en la puerta del Congreso de los Diputados entre las 10,30 y las 12,30 horas de este miércoles, porque llevan "más de un año esperando una ayuda que nunca llega", ha expresado Aarón, otro hermano de Javier, para indicar que van al Congreso porque ya no quieren "mediación de la embajada, sino que el Gobierno actúe directamente", y esperan que "los diputados del resto de partidos salgan a apoyar".

Al respecto, Laura ha avisado de que "desde enero de 2025 llevan privados de libertad injustamente", a lo que ha agregado que "no les ven los médicos, no pueden hablar con sus abogados y no pueden ser visitados por sus familiares". "David y Javier están detenidos sin responsabilidad en los hechos investigados, tras acudir a una reunión, sin ostentar ningún cargo directivo ni tener relación con las decisiones empresariales", de modo que "son trabajadores inocentes", se puede leer en la petición 'change.org/DavidyJavier' que fue lanzada por Laura en el mes de octubre.

Asimismo, en julio las familias fueron a pedir amparo al Parlamento Europeo y tras ser debatido en Pleno se aprobó por unanimidad "una resolución para que las instituciones europeas actuasen a favor de su libertad, pero no ha habido ningún resultado", han lamentado, para pedir que "dejen de darle la espalda a estos trabajadores españoles". Las familias temen que "si no se les saca ya pronto de la prisión de Black Beach de Guinea Ecuatorial, pueda costarles la vida".

En este caso, Laura ha contado que su hermano Javier ha perdido ya "más de 20 kilos" y que David necesita "medicación constante que no saben si se le está suministrando". "Es urgente que el Gobierno español actúe con firmeza y de inmediato", porque "pueden morir y están en una situación límite", ha apostillado.

La campaña lanzada hace unos meses ha conseguido reunir más de 45.000 firmas en donde insisten en que "la ineficacia del Gobierno puede costarles la vida". A las firmas se han sumado muchos comentarios de apoyo y con petición "urgente" al Ejecutivo español para que actúe.

VÍAS DE NEGOCIACIÓN

En concreto, el Gobierno de Guinea Ecuatorial avanzó en Navidad que se establecieron vías de negociación para "poner fin" al caso. El vicepresidente del país africano, Teodoro Nguema Obiang Mangue, hizo una publicación en redes sociales, consultadas por Europa Press, en la que exponía que los abogados de la empresa adjudicataria del proyecto de TDT establecieron "contacto con la Fiscalía del Estado para explorar una vía de negociación que permita poner fin al contencioso judicial en curso, en el que están implicados varios ciudadanos españoles y nacionales".

En este sentido, aseguró que "la firma ha notificado a Fiscalía que quieren alcanzar un acuerdo de restitución de los fondos desviados indebidamente mediante un compromiso de pago al Tesoro Público para que se pueda proseguir con el objetivo de dotar a Guinea Ecuatorial de la Televisión Digital Terrestre".

Así, apuntó que la empresa cobró "más de 10.600 millones de Francos Cefas por la primera fase del proyecto que conllevaba la implementación de 12 centros de emisiones en el país, algo que no cumplieron, además de llevar a cabo múltiples irregularidades fiscales, actos de corrupción y sobornos".

Desde la familia de Javier Marañón valoraron que la situación "mejoró", en cuanto a recibir "algunas visitas y llamadas" de familiares, después los meses sin poder contactar con ellos, y esperaban que se llegara a un acuerdo "pronto" para que quedaran en libertad, algo que les habría gustado que fuese "antes de Navidad", pero por el momento sin novedad, de ahí que acudan a la intercesión del Gobierno español.