La Junta pide explicaciones a Montero tras el último informe del Tribunal de Cuentas: "Huele a chanchullo socialista"

SEVILLA 6 May. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, ha pedido este miércoles explicaciones "urgentes" a la secretaria general y candidata a la Presidencia de la Junta por el PSOE-A, María Jesús Montero, tras conocerse que en 2024 el Gobierno usó 2.389 millones de fondos europeos al pago de pensiones por falta de crédito presupuestario.

"Es una muestra más del descontrol que tienen en el Gobierno central. Se empieza por gobernar sin presupuestos y se acaba gobernando sin control. Es una forma de gobernar que en Andalucía la conocemos de sobra, huele a chanchullo socialista", ha afirmado España en declaraciones para Europa Press.

En esta línea, la portavoz del ejecutivo andaluz se ha preguntado si es necesario "devolver" el dinero desviado o si se va a producir "una nueva subida de impuestos". "Lo que más nos preocupa es la forma de gestionar que Montero quiere traer a Andalucía: el descontrol y los apaños", ha subrayado.

Por su parte, el vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha señalado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez no tiene ninguna "preocupación". Asimismo, ha subrayado la "importancia de trasladar el mensaje de que la totalidad de los fondos del Plan de Recuperación se destinarán a las inversiones previstas".

Preguntado sobre la legalidad o no de usar fondos para el pago de pensiones, Cuerpo ha insistido en que en un contexto de prórroga presupuestaria "el espacio para gastar los créditos de un año a otro se reparten en función de las necesidades de gasto. Es un elemento técnico asociado a la prórroga presupuestaria y los fondos del Plan de Recuperación van a las inversiones previstas".

El Tribunal de Cuentas ha desvelado este martes que el Gobierno tuvo que recurrir en noviembre de 2024 a 2.389,4 millones de euros de fondos europeos para pagar pensiones de clases pasivas y complementos de pensiones mínimas ante la falta de crédito presupuestario que ha generado la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado desde 2023.

El Tribunal expone que esta actuación del Gobierno se llevó a cabo bajo unos fundamentos jurídicos "que deberían haber quedado mejor justificados", pues el organismo entiende que existe "una incertidumbre" sobre la aplicabilidad en 2024 de limitaciones al uso de los créditos sobrantes de los fondos europeos para financiar modificaciones presupuestarias fuera de dicho servicio.