SEVILLA, 15 May. (EUROPA PRESS) -
Este sábado se cumplirá un año ya desde que Julio Mateos Palacios, otrora tesorero de la junta de compensación del Sector F de Almensilla (Sevilla) y principal investigado por el presunto desfalco de 3,7 millones de euros en las cuentas de dicha entidad, saliese de la cárcel en libertad provisional al acceder entonces el Juzgado número uno de Coria del Río a reducir su fianza, toda vez que el conjunto del caso afronta este mes su quinto aniversario.
Olmo López Fernández, abogado defensor de Julio Mateos, ha informado a Europa Press de que durante este periodo, el extesorero del controvertido sector F de Almensilla ha cumplido debidamente su obligación de comparecer semanalmente en sede judicial, pues a la hora de decretar su libertad provisional, el juzgado le impuso tal extremo, la prohibición de no salir de España sin autorización judicial y entregar igualmente su pasaporte.
Su salida en libertad provisional bajo una fianza de 40.000 euros, rebajada desde la cantidad inicial de 300.000 euros inicialmente fijada por el juzgado, se produjo sobre las 21 horas del pasado 16 de mayo de 2019, toda vez que Julio Mateos estaba en prisión desde el 18 de agosto de 2016 y sobre él pesa el auto dictado por la juez instructora ordenando continuar las actuaciones por el trámite del procedimiento abreviado.
EL DESFALCO DE ALMENSILLA
A mediados de mayo de 2015, Julio Mateos confesó en un correo electrónico que se había apropiado de dinero de la cuenta de la junta de compensación, aprovisionada con aportaciones de los parcelistas para acometer la urbanización del sector F y la dotación de servicios básicos en la zona, unas obras aún muy lejos de estar completas. Tras confesar tal extremo, Julio Mateos huyó a la República Dominicana, siendo finalmente detenido y encarcelado en agosto de 2016.
Según la Policía Nacional, Julio Mateos, "prevaliéndose de su posición (de tesorero de la junta de compensación del Sector F), se fue apropiando de cuantiosas sumas de dinero" desde 2006. Los investigadores, en ese sentido, calculan que el desfalco total podría ascender a más de 3.706.718 euros, "con un número de afectados que rondaría en torno a las 600 familias".
Y es que el supuesto desfalco, insistimos, habría sido perpetrado sobre el dinero aprovisionado por los parcelistas del Sector F para urbanizar la zona y dotarla de equipamientos básicos.
En ese sentido, el mencionado auto de procedimiento abreviado del Juzgado mixto número uno de Coria, recogido por Europa Press, detalla que "durante el periodo de tiempo en que Julio Mateos ostentó el cargo de tesorero de la junta de compensación, prevaliéndose de su cargo y de la confianza depositada en él por los parcelistas, al estar autorizado en las cuentas en las que la entidad era titular y guiado con el ánimo de enriquecerse, se apropió o desvió cuantiosas sumas de dinero mediante cheques con cargo a la cuenta de la junta de compensación, incorporándolo a su propio patrimonio".
Según el auto, Julio Mateos se habría hecho con 1,63 millones de euros a través de la entidad Asema, una asesoría económica de la que era apoderado desde 2002, "y en su propio nombre percibió cheques por importe de 282.102 euros, siendo consciente que no realizaba ningún trabajo remunerado para la junta de compensación", que afrontaba el citado proyecto de instalación de dotaciones básicas en el entorno de parcelas del sector F.
EL PAPEL DE ISMAEL PEREA
En cuanto a Ismael Antonio Perea, exconcejal socialista de Almensilla, presidente de la junta de compensación durante varios años y otrora director del Consorcio Fernando de los Ríos, señala la juez que "prevaliéndose de su cargo y al estar asimismo autorizado en las cuentas de la junta de compensación, retiró cheques al portador por importe de 301.695 euros", toda vez que la instrucción ha revelado "un gran desfase entre los fondos retirados y los aplicados al pago de facturas a proveedores, en concreto con una diferencia total de 156.766 euro , cantidad que con ánimo de ilícito enriquecimiento retiró Ismael Perea para fines personales, actuando de común acuerdo con el tesorero de la entidad".
El auto incide también especialmente en la figura de Juan Carlos N.H., apoderado de la empresa Torrens Abogados SLP, bufete
encargado del asesoramiento jurídico de la junta de compensación y cuya administradora única era su propia esposa, Concepción T.S.
El apoderado de Torrens Abogados, según este auto, estaba "vinculado a Julio Mateos en multitud de sociedades" y de 2010 a 2015 "retiró cheques extendidos de forma nominativa" en favor de su persona por importe de 91.477 euros, "a pesar de que por sus trabajos presentó tres facturas por importe de 2.060 euros por los ejercicios 2008 y 2009, 2.369 euros por el ejercicio 2010 y 2.369 euros por el ejercicio 2.011, sin que ningún trabajo adicional justifique el total cobrado mediante cheques nominativos, cantidad de la que se apropió con animo de enriquecimiento ilícito".
Además, el auto detalla que "en connivencia con Julio Mateos Palacios, en numerosas ocasiones cobró cheques en nombre propio y como apoderado de Torrens Abogados, por cantidad de 313.775 euros, contribuyendo de este modo a que Asema obtuviere en su propio beneficio fondos procedentes de la junta de compensación", pues habría derivado tales fondos a la cuenta de Asema, una entidad controlada por el extesorero.
También señala el auto a Manuel L.S., gerente de la empresa MLS 2011, proveedora de la junta de compensación. Y es que "en connivencia con Julio Mateos, cobró cheques nominativos con cargo a la cuenta bancaria de la junta de compensación, por importe que posteriormente reingresó en la cuenta bancaria titularidad de Asema", que gracias a estas operaciones obtuvo 103.105 euros más de la cuenta de la junta de compensación.
La Fiscalía ha solicitado para Julio Mateos una pena de seis años de prisión y una multa de 12 meses con una cuota diaria de 20 euros --con responsabilidad civil subsidiaria en caso de impago-- por un delito continuado de apropiación indebida, y para Ismael Perea solicita una pena de cuatro años y medio de prisión y una multa de diez meses con cuota diaria de 20 euros por otro delito continuado de apropiación indebida.
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