SEVILLA, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -
El grupo político de Izquierda Unida en Sevilla ha presentado este jueves un recurso de reposición contra los últimos contratos adjudicados por el gobierno de Juan Espadas (PSOE) a varias empresas, por la "vía de emergencia", para la tala de "centenares" de árboles declarados en situación de "riesgo cuatro" por su deterioro y riesgo de caída de ramas, al considerar que tales actuaciones "no se ajustan a derecho" y que este proceso se encuentra "plagado de irregularidades".
Así lo ha anunciado el portavoz municipal de IU, Daniel González Rojas, en una comparecencia en la que ha aclarado que el objetivo de este recurso es intentar frenar el "arboricidio" que el gobierno de Espadas está ejecutando en la capital hispalense de forma "absolutamente oscurantista" y en función de criterios "bastante cuestionables", tanto desde un punto de vista legal como medioambiental, toda vez que el Gobierno local alega que se trata de la tala de árboles que por su estado de deterioro suponen riesgos para la población.
A tal efecto, la formación de izquierdas ha solicitado la resolución de cuatro contratos para apear "329 árboles en un plazo de 15 días", que sumarían un importe cercano a los "90.000 euros" y que han sido adjudicados con carácter de "emergencia" y "sin tramitar expediente alguno", siempre según IU. Igualmente, pide la adopción de las "medidas cautelares oportunas destinadas a evitar la tala indiscriminada de ejemplares prevista hasta que no se resuelva el presente recurso".
El carácter de emergencia de estos contratos, tal y como mantiene el portavoz, "no está justificado" en tanto que la evaluación de riesgos esgrimida por el gobierno de Espadas para avalar los apeos se basa en "un informe del servicio de Parques y Jardines de 2015", sin constarle al grupo político que en estos tres años haya habido "alguna actualización de ese listado" o "se hayan realizado actuaciones de seguimiento sobre estos ejemplares para mejorar su estado", por lo que no entiende a qué viene "tanta urgencia".
Asimismo, advierte en sus alegaciones que en las distintas resoluciones recurridas se incluyen árboles que en el informe de 2015 fueron catalogados con "el nivel 3 y no con el 4" y que, por tanto, "no deberían estar sujetos a talas de ningún tipo", criticando, además, que "no se ha llevado a cabo un proceso de participación e información pública", tal y como se recoge también en el Plan de Gestión del Arbolado Urbano.
