Junta aprueba el Plan de Protección del Corredor del Litoral andaluz

   SEVILLA, 26 May. (EUROPA PRESS) -

   El Consejo de Gobierno ha aprobado este martes el Plan de Protección del Corredor Litoral de Andalucía, previsto en el decreto ley de medidas urgentes de 2012 para garantizar la preservación de los espacios no urbanizados de la franja costera y evitar el deterioro de su paisaje. Con el desarrollo de sus medidas, se protegerá el 55 por ciento de la superficie total de estas zonas en la comunidad.

   En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, la consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, María Jesús Serrano, ha explicado que este nuevo instrumento de planificación fija los objetivos y criterios a los que ha de atenerse el planeamiento municipal en relación con aquellos terrenos que destacan por sus valores ambientales, naturales, paisajísticos, culturales, agrícolas y forestales.

   Ha señalado que el objetivo central se orienta a garantizar la conservación y revalorización de la franja comprendida en los primeros 500 metros de la costa, así como de todas aquellas zonas necesarias para asegurar las finalidades de protección.

   Este espacio, que ocupa un 9 por ciento de la superficie de Andalucía y acoge al 40 por ciento de su población, se considera un activo de primer orden para la competitividad turística y para las principales actividades económicas de la región.

   El objetivo del Gobierno andaluz es frenar previsiones de crecimiento elaboradas hace años (fundamentalmente en las décadas de los 80 y 90) y no acordes con las exigencias actuales.

   Durante las últimas cinco décadas, la intensa actividad económica ha dado lugar a que ya se encuentren ocupados casi el 40 por ciento de los terrenos situados en los primeros 500 metros de costa, frente al 7 por ciento de mediados del siglo pasado.

   El documento establece medidas para evitar la consolidación de nuevas barreras urbanas entre los espacios interiores y los costeros; favorecer la biodiversidad a través de la continuidad de ambos, y armonizar la regulación del suelo no urbanizable en los municipios costeros.

   Con estas medidas se garantizará la protección del 55 por ciento de la superficie del litoral andaluz (un 86 por ciento si se excluyen los ámbito urbanos), lo que supondrá incrementar en un 50 por ciento el total preservado.

   La consejera ha expuesto que el desarrollo del plan no afectará en ningún caso al normal funcionamiento del mercado inmobiliario, ya que los municipios litorales disponen actualmente de suficiente suelo urbanizable para satisfacer las demandas de crecimiento. De hecho, según ha apuntado, en la franja de los 500 metros existe capacidad para la construcción de unas 143.000 viviendas.

   Para la consejera, se trata de un plan necesario e imprescindible, que se aborda en el momento oportuno, ya que la vulnerabilidad ambiental de la franja costera es "más que evidente". Con el plan, según ha señalado, se prima la calidad del crecimiento urbanístico en la costa por encima de la cantidad. Para la consejera, se trata de impedir que se repitan episodios como el del Algarrobico, en Carboneras (Almería), o de proteger espacios como la playa de Valdevaqueros, en Tarifa (Cádiz).    

   Durante el periodo de elaboración del Plan de Protección, que arrancó con el decreto ley de 2012, la Junta ha mantenido la suspensión cautelar de la tramitación urbanística de los suelos urbanizables no desarrollados en los 52 municipios costeros que no tienen adaptada su normativa al Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA).

   Entre otras exigencias de sostenibilidad, esta planificación básica limita los crecimientos urbanísticos de los municipios en máximos del 30 por ciento de la población y en un 40 por ciento del territorio.

DEFENSA DEL DOMINIO PÚBLICO

   Al intervenir sobre la zona de influencia del litoral, caracterizada por ser la de mayor actividad urbanística, el plan contribuirá también de forma indirecta a la defensa del propio dominio público marítimo-terrestre.

   En este sentido, el reforzamiento de las condiciones para garantizar la sostenibilidad contrasta con la desregulación que para dicho dominio --de competencia estatal-- ha primado en la reforma de la Ley de Costas aprobada por el Gobierno central en 2013.

   Para la elaboración de este instrumento de planificación territorial, los servicios técnicos de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio han analizado los 918 escritos presentados y las 3.547 alegaciones formuladas por los municipios afectados, organizaciones sindicales, empresariales y ecologistas, grupos profesionales, universidades y ciudadanos. Un 35 por ciento ha sido incorporado a la redacción final.

   De los 62 municipios incluidos en el ámbito de influencia del plan, han presentado alegaciones 48, además de las diputaciones provinciales de Málaga y Granada. El 55 por ciento del total han sido planteadas a nivel particular por ciudadanos.