Junta ve insuficientes las 138 pulseras para maltratadores activas en Andalucía y pide colaboración a jueces y policías

SEVILLA, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los dispositivos telemáticos de alejamiento para los maltratadores, también conocidos como 'brazaletes' o 'pulseras' para agresores por violencia de género, son en la actualidad el método "más valioso" en la lucha contra esta lacra, ya que refuerza la seguridad de la víctima al tiempo que ayuda a la policía a localizar al hombre que rompe una orden de alejamiento en tiempo real. Sin embargo, es también, según lamenta la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de Andalucía, el más "infrautilizado".

Desde que en julio de 2009 los juzgados de toda España tuvieran a su disposición un total de 3.000 pulseras, en el país solo se han instalado 1.185 (218 en Andalucía), según los últimos datos publicados por el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad y recogidos por Europa Press. De estas 1.185 instalaciones, permanecían activas a fecha 30 de septiembre de 2011 un total de 746, siendo Andalucía la segunda comunidad autónoma con más brazaletes, tras Madrid (279), con 138 activas hasta ese día.

Sin embargo, la directora general para la Violencia de Género de la Junta de Andalucía, Ana Soledad Ruiz, no duda en calificar esta cifra de 138 pulseras activas --39 en Málaga, 27 en Jaén, 22 en Sevilla, 21 en Granada, 14 en Córdoba, 6 en Huelva, 5 en Almería y 4 en Córdoba-- de "insuficiente" ya que, según ha argumentado, "son muy pocas teniendo en cuenta los niveles de riesgo y peligrosidad existentes en la actualidad". Tampoco si se tiene en cuenta el número de mujeres que en 2010 (últimos datos anuales disponibles) obtuvieron una orden de protección respecto a su agresor: 4.335, según el informe del Observatorio contra la Violencia Doméstica del Consejo General del Poder Judicial del pasado año.

El problema reside, explica la directora en declaraciones a Europa Press, en que esta medida de protección la tiene que tomar un juez "a tenor de los informes policiales que recibe", los cuales, no siempre se realizan porque, a su vez, éstos tienen que ser solicitados por la autoridad judicial. "Es como la pescadilla que se muerde la cola", resume Ruiz.

Es decir, que el magistrado solo puede determinar esta medida de protección si los informes periciales elaborados por las unidades médico-forense revelan que existe un riesgo alto de peligrosidad para la víctima. "Lo que ocurre es que estas unidades, compuestas por un médico forense, un trabajador social y un psicólogo, están adscritas al ámbito judicial y solo trabajan a petición del juez", detalla tras recordar que otro problema añadido puede ser que "el juez solo pida un informe de la víctima y no del maltratador".

Así las cosas, la directora general de Violencia de Género de la Junta de Andalucía insiste en la necesidad de proporcionar "más formación" e "información de todos los recursos que hay en marcha" a la totalidad de profesionales implicados en este ámbito. "Se debe reforzar especialmente el papel de las unidades de valoración médico-forense para que el juez tenga una mayor información y valore la posibilidad de dar un seguimiento vía GPS; sobre todo, porque pensamos que los niveles de riesgo policial no son paralelos a la realidad y son insuficientes", añade.

Toda esta casuística se complica si se tiene en cuenta que no solo los Juzgados de Violencia sobre la Mujer llevan los casos de mujeres maltratadas. Según informa Ruiz, en Andalucía existen 18 juzgados especializados en esta materia pero existen "hasta 73 que son compatibles, es decir, que pueden trabajar como si fueran de violencia especializados". "Y todos estos jueces y magistrados están participando de una cuestión muy especializada para la que no tienen formación específica, por lo que hay que reforzar este aspecto porque en esta formación va incluida también el conocimiento y la magnitud de la violencia de género y los patrones de movimiento de la misma", aclara.

La directora para la Violencia de Género asegura que tanto el Gobierno central como la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Gobernación y Justicia, están invirtiendo en formar a estos profesionales no especializados, entre otras cosas, porque "es fundamental la coordinación y el refuerzo en todos estos ámbitos".

ANDALUCÍA, SEGUNDA CCAA CON MÁS PULSERAS ACTIVAS

Los dispositivos para el control telemático de alejamiento de los maltratadores o pulseras para los agresores por violencia de género --que suelen llevar en el tobillo porque en la muñeca, pese a tener un aspecto similar a un reloj de pulsera, es más visible-- sirven para tener localizado durante las 24 horas al día al agresor mediante un sistema GPS. Así, en el caso en que éste rompa la orden de alejamiento y se acerque más de lo permitido a la víctima, a ésta le salta inmediatamente una señal acústica en otro dispositivo (similar a un móvil) que debe llevar siempre consigo y que le permitirá "tener tiempo para refugiarse, buscar ayuda o incluso llamar a la policía". Del mismo modo, esta señal de alerta llega a los agentes de la autoridad para que procedan a la búsqueda y detención del individuo.

Son, por tanto, uno de los métodos "más efectivos" a la hora de evitar asesinatos por violencia de género porque, según recuerdo Ruiz, "refuerza la seguridad de la víctima y ayuda al trabajo policial". Pese a ello, su uso es minoritario y, por tanto, está "infrautilizado".

A fecha de 30 de septiembre de 2011, la comunidad autónoma que más pulseras tenía activadas era Madrid, con 279. Le sigue Andalucía, con 138, Comunidad Valenciana (69), Cataluña (31), Castilla La Mancha y Castilla y León (29, respectivamente), Canarias (26), Cantabria (25), País Vasco (23), Baleares (20), Galicia (19), Aragón (17), Asturias (17), Murcia (12), Extremadura (9) y La Rioja (4). Navarra era la única región en la que, hasta el mencionado día, no había activada ninguna pulsera.