SEVILLA, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Federación Andaluza de Sindicatos Profesionales Independientes (Faspi), integrada por el Sindicato Médico Andaluz (SMA), la Asociación de Profesores de Institutos de Andalucía (APIA) y el Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF), ha mostrado su "más absoluto rechazo" a los "nuevos recortes" anunciados por la Junta y el Gobierno central exigen una reunión "urgente" para tratar esta posible merma en los derechos de sus representados, tanto por parte del Gobierno andaluz como estatal.
En una nota remitida a Europa Press, esta federación andaluza denuncia la "ausencia de diálogo" y afirma que utilizará "todas las vías legales posibles contra el nuevo tijeretazo a los derechos de los funcionarios".
Así, Faspi está en contra de la nueva "congelación salarial" que se aplicará a los funcionarios públicos por parte del Estado y denuncia la "falta de consideración y escrúpulos" del Gobierno andaluz, que "no aclara si habrá nuevas podas en las retribuciones de los funcionarios públicos, dejando abierta la posibilidad de volver a recortar las pagas extraordinarias".
De esta forma, lamenta que el nuevo Gobierno andaluz "deja en vilo a miles de trabajadores que pueden volver a ser los únicos en España que vean mermadas las pagas extraordinarias". Un "recorte" que la Federación andaluza califica de "discriminatorio, prejuicioso e injusto".
La federación andaluza exige reuniones "urgentes" para esclarecer "qué sucederá con las retribuciones de los funcionarios públicos" y denuncian que "los últimos en conocer qué sucederá sean los representantes sindicales y los propios trabajadores".
Faspi hizo referencia a la 'grasa' que soporta la Junta y propone "comenzar a afilar las tijeras contra los despilfarros que acucian la comunidad autónoma andaluza", toda vez que considera que "existen claras alternativas de contención del gasto público".
La federación sindical propone, por ello, "aligerar la Administración adelgazando radicalmente la estructura de la descomunal Administración paralela que supuso más de 3.200 millones de euros en los presupuestos de 2013, las millonarias subvenciones a sindicatos y partidos políticos o los astronómicos sueldos y dietas de altos cargos, entre otros".
Lamenta que "los acuciantes recortes en materia económica y social que arrasan al sector público no tienen precedentes y han provocado el deterioro de los servicios que afectan gravemente a los ciudadanos", ha agregado Faspi, que apunta una serie de "efectos colaterales" como "la merma de la eficacia de los servicios, la generalización de las contrataciones a tiempo parcial del personal temporal, las cargas de trabajo, que repercuten directamente en los ciudadanos y en los propios trabajadores".
Ha recordado que la Ley 3/2012 de Medidas Fiscales, Administrativas, Laborales y en materia de Hacienda Pública para el reequilibrio económico-financiero de la Junta de Andalucía, "establece en su artículo 4 de ámbito temporal que 'las medidas en materia de personal contenidas en este capítulo tienen carácter excepcional y temporal, siendo de aplicación hasta el 31 de diciembre de 2013. Al término de esta fecha, se revisarán todas las medidas propuestas en esta Ley y se estudiará el levantamiento de la suspensión, en función de la garantía de estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera de la comunidad autónoma de Andalucía'".
Faspi exige al Gobierno andaluz que "aclare si se levantará la suspensión de los derechos, legalmente adquiridos, que establece la Ley 3/2012, más aún, cuando los funcionarios en Andalucía tienen los complementos retributivos más bajos de España y han sido los únicos que han perdido todas las ayudas de acción social".
La federación andaluza está dispuesta a llegar a acuerdos efectivos que "respalden los derechos de sus representados", pero no tolera esta toma de decisiones "al margen de los foros sociales que exponen al funcionario público como culpable de la nefasta gestión económica llevada a cabo por los gobiernos".
En ese sentido, la Faspi ha anunciado actuaciones contra "cualquier medida fuera de la legalidad que continúe azotando al garante de los servicios públicos".
