SEVILLA, 17 May. (EUROPA PRESS) -
La Sección Cuarta de la Audiencia de Sevilla prevé celebrar este miércoles, a partir de las 10,00 horas, las comparecencias de los acusados en el juicio por las ayudas autonómicas a empresas vinculadas al sector del corcho, como Corchos y Tapones de Andalucía (Cortansa), Corchos de Cazalla, Servicios y Mantenimiento de Cazalla, Enoworld y Corchos Higuera, con cargo a la partida presupuestaria 31L de la Junta de Andalucía, con la que eran sufragados los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos e incluso innecesarios y subvenciones arbitrarias y sin publicidad.
Los encartados en esta pieza de la macrocausa de los ERE, recordémoslo, son Ángel Rodríguez de la Borbolla, --hermano del expresidente socialista de la Junta José Rodríguez de la Borbolla y exalcalde de Cazalla de la Sierra por el PSOE--, por su papel de socio mayoritario, administrador único o apoderado de las empresas investigadas; el actual alcalde de Cazalla, Sotero Manuel Martín Barrero (PSOE), como partícipe del capital societario y de los órganos de administración de varias de las empresas; el coadministrador de las empresas Rogelio B.M.; un empresario portugués administrador de hecho de varias de las entidades, identificado como Fernando Pedro M.O.; y un responsable bancario identificado como Gerardo C.E.
A tal efecto, recordemos que este juicio gira en torno a las ayudas concedidas entre 2001 y 2007 por importe de 8.408.096,42 euros a este grupo de empresas, "prescindiendo absolutamente de los principios y procedimientos legalmente establecidos para ello, sin fiscalización, justificación ni control previo, y, en definitiva, de forma fraudulenta y arbitraria", según el juez instructor José Ignacio Vilaplana.
LAS CUESTIONES PREVIAS
Al comenzar el juicio a mediados del pasado mes de marzo, en la fase de cuestiones previas, el tribunal accedía a la petición de alterar el cronograma inicial del juicio, al objeto de permitir a petición de las defensas que los acusados pudiesen prestar declaración después de la práctica de las pruebas testificales y periciales previstas, pues según el tribunal ello implica "mayor garantía en el derecho de defensa" y la "decimonónica" Ley de Enjuiciamiento Criminal "no lo impide".
Tras anunciar el tribunal dicha decisión, todos y cada uno de los cinco acusados comparecieron brevemente, para manifestar en todos los casos su conocimiento de los escritos de acusación de la Fiscalía, la Junta de Andalucía y el PP andaluz, declarándose uno por uno "inocentes" de los cargos que se les atribuyen y expresando su deseo de prestar declaración como encartados tras la celebración de las pruebas testificales y periciales.
Tras declarar este martes tres peritos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), la comparecencia de los acusados ha quedado fijada para este miércoles por el tribunal, que entre las pruebas testificales consumadas ha contado con comparecencias como las de los exconsejeros socialistas de Empleo José Antonio Viera y Antonio Fernández.
LA EXCLUSIÓN DE LOS EXCONSEJEROS
Los citados exconsejeros fueron excluidos de este juicio, recordémoslo, merced al principio "non bis in ídem", según el cual una persona no puede ser juzgada dos veces por los mismos hechos, toda vez que ambos figuran ya como condenados en la sentencia de la Audiencia de Sevilla sobre el "procedimiento específico" mediante el cual eran canalizados los fondos de la partida presupuestaria 31 de la Junta de Andalucía.
En esa pieza, la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla condenó a 19 de los 21 ex altos cargos socialistas de la Junta de Andalucía juzgados, entre ellos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán y los mencionados exconsejeros, una sentencia cuyos recursos de casación tiene pendiente de resolver el Tribunal Supremo.
