Segundo aniversario este jueves del accidente de la AP-4 en Los Palacios (Sevilla) saldado con seis fallecidos

SEVILLA 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El accidente de tráfico en el que un camión articulado arrolló un punto de control de drogas instalado por la Guardia Civil en la autovía AP-4, en el término municipal de Los Palacios y Villafranca, saldado con seis fallecidos, entre ellos dos agentes del Instituto Armado, y cinco heridos, todos ellos de la Guardia Civil, atraviesa este jueves su segundo aniversario.

El accidente ocurría sobre las 4,40 horas de la madrugada del pasado 19 de marzo de 2024 en el kilómetro 24 del sentido Sevilla de la autovía AP-4, en Los Palacios, donde el Grupo de Acción Rápida (GAR) de la Guardia Civil había instalado un control de interceptación de traslados de sustancias estupefacientes, conformado por un total de 17 agentes, el doble del mínimo de ocho efectivos que marca el protocolo del Instituto Armado para este tipo de dispositivos.

Aunque el control estaba en un punto "de visibilidad" de la autovía y estaba debidamente señalizado, según el subdelegado del Gobierno central en Sevilla, Francisco Toscano Rodero, fue "barrido" según sus palabras por un camión articulado cargado de productos hortifrutícolas que había partido de La Línea de la Concepción (Cádiz) con destino a Guarromán (Jaén).

FALLECEN DOS AGENTES DEL GRUPO GAR

Como consecuencia del accidente, fallecieron dos agentes del Grupo de Acción Rápida (GAR) de la Guardia Civil y cuatro personas más que habrían estado en los vehículos particulares detenidos con motivo del control.

Entre estos cuatro fallecidos figuraban dos personas con antecedentes por delitos contra la salud pública, en concreto un vecino de Dos Hermanas (Sevilla) de 47 años de edad y un ciudadano de Ceuta de 53 años.

En el momento de los hechos, fuentes del caso precisaban a Europa Press que este vecino de Dos Hermanas sería una de las personas detenidas en 2018 en las operaciones denominadas 'Minimus', 'Temple' y 'Thuran', saldadas con el desmantelamiento de un entramado criminal especializado en el tráfico de heroína en las provincias de Málaga y Sevilla.

Aquellas actuaciones policiales se centraron en un clan apodado 'Los Mellis' y dedicado al tráfico de sustancias estupefacientes en la capital sevillana, mayormente heroína, de la que se abastecerían en la provincia de Málaga.

En el caso del vecino de Ceuta, se trataría de uno de los 46 detenidos de la operación 'Asgard' en 2021, saldada con el desmantelamiento de una organización dedicada al tráfico de drogas, pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales liderada por un individuo apodado 'El Tapi'. En aquella operación, desarrollada en las provincias de Cádiz, Málaga, Almería, Murcia, Barcelona y en la ciudad de Ceuta; fueron incautados 8.665 kilos de hachís, además de seis embarcaciones neumáticas semirrígidas.

UN "DESPISTE O NEGLIGENCIA" DEL CAMIONERO

Por su parte, el camionero llegó a afrontar seis presuntos delitos de homicidio por imprudencia y tres supuestos delitos más de lesiones graves por imprudencia. Por ello, fue detenido y pasó tres días en prisión provisional. Finalmente, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número uno de Utrera, que no llevaba la causa pero se encontraba en funciones de guardia, ordenó libertad provisional, comunicada y sin fianza a petición de la Fiscalía.

El auto judicial, consultado por esta agencia en el momento de los hechos, explica que del atestado de la Guardia Civil se desprende que el accidente se produjo "por un despiste o negligencia en la conducción, que no ha podido relacionarse ni con el exceso de velocidad, en cuanto que el investigado manifestaba ir conduciendo a 90 kilómetros por hora, ni con la ingesta de alcohol y drogas, ya que las pruebas de detección de estas sustancias arrojó un resultado negativo".

Por ello, señalaba entonces el Juzgado la "dificultad de encuadrar la conducta del investigado en este momento dentro de la imprudencia grave o menos grave, debe excluir la medida de cautelar de prisión provisional solicitada" y apunta que "en el caso de encontrarnos dentro del delito leve de homicidio y lesiones por imprudencia, la pena que se impondría sería de multa y no de prisión".

Al respecto se pronunció de igual forma la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC), que reclamó entonces una " profunda y efectiva investigación sobre los hechos", señalando que lleva años pidiendo "que los guardias civiles deben disponer de medios técnicos y de personal acordes a las necesidades de su trabajo y que es urgente que Interior catalogue a los guardias civiles trabajadores de riesgo".