Sevilla.- Un total de 13 familias han abandonado ya de forma voluntaria las VPO de Osuna ocupadas ilegalmente

El alcalde pide al Defensor del Pueblo Andaluz que medie con la Junta en materia de vivienda pública

OSUNA (SEVILLA), 19 (EUROPA PRESS)

Un total de 13 familias abandonaron entre ayer y hoy voluntariamente las viviendas de protección oficial del barrio de la Farfana de Osuna (Sevilla), ocupadas ilegalmente desde hace una semana, aunque aún continúan ocupadas 11 VPO pese a la orden judicial que ordena el desalojo voluntario de los inmuebles.

Según informó a Europa Press el alcalde del municipio, Marcos Quijada (IU), "ayer se fueron cinco y en la mañana de hoy han abandonado otras ocho", número al que podrían sumarse más familias en las próximas horas.

Quijada explicó que estos desalojos voluntarios son fruto de las reuniones que ha mantenido con los representantes de los ocupas, a quienes planteó que "el listado es provisional y el plazo de reclamaciones está abierto para quien considere que se han vulnerado sus derechos".

Asimismo, recordó que la Mesa Municipal de la Vivienda "está obligada a resolver todas las reclamaciones que se presenten" y confió en que el conflicto se solucione sin que se haga necesario un desalojo violento.

En esta línea, el primer edil ursaonense destacó la "importante apuesta" del gobierno municipal en política de vivienda y señaló que "se le ha solicitado a la Junta terrenos para la construcción de 42 VPO en régimen de alquiler, que estarán lista en un breve plazo de tiempo, además de otra promoción de 85 viviendas en régimen especial".

Del mismo modo, explicó que el Ayuntamiento de Osuna ha solicitado la mediación del Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, con la Junta de Andalucía "para que se asignen a Osuna viviendas del programa de integración social".

Por otra parte, Policía Local y Guardia Civil mantienen un operativo conjunto en las inmediaciones de las viviendas para evitar altercados, aunque aseguraron a Europa Press que la situación está "tranquila".

Anteriormente ya se habían producido un par de desalojos voluntarios más, pero se incorporaron otros tantos ocupas. Una vez que se cumpla el plazo establecido judicialmente para abandonar las viviendas de forma voluntaria, el juez decidirá de nuevo si se actúa directamente o se les envía una última notificación.

En anteriores ocasiones Quijada advirtió de que "se encuentran ante una orden judicial y todo el mundo tiene que ser consciente de lo que supone" y manifestó su deseo de que "se imponga la sensatez y la cordura" entre los ocupas, además de reafirmar que "la administración no puede permitir las ocupaciones violentas y así lo ha entendido el juez".

"La solución no pasa por darle una patada a la puerta", añadió el primer edil ursaonense, que denunció el martes día 10 ante el juez la ocupación ilegal de 17 viviendas de protección oficial de una promoción de 40 pisos sociales, cuya lista de adjudicación provisional se hizo pública el día anterior.

Con respecto a los ocupantes de las viviendas, el alcalde aclaró que "no todos son solicitantes a los que no se ha adjudicado una vivienda" y explicó que argumentan que "la adjudicación es injusta y que a ellos les hace más falta una vivienda", aunque aseguró que el Ayuntamiento "lleva un año baremando la situación económica, social y familiar de los solicitantes".

CRITICAS DEL PP

Por su parte, el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Osuna, Miguel Angel Arauz, achacó la ocupación a la "mala gestión" del equipo de gobierno en el proceso de adjudicación de las mismas y aseguró que éste está "cargado de mala gestión y ocultismo", ya que "los datos no se actualizan desde hace dos años".

En este sentido, se refirió al sorteo "cargado de populismo y demagogia" celebrado "para dirimir en los casos de empate de puntos entre varios solicitantes" y añadió que existen "algunas cosas dudosas" en el proceso, además de criticar que "a la oposición se le ocultaban los datos", circunstancias que llevaron al PP a abandonar la Comisión de Vivienda.

Del mismo modo, señaló a Europa Press la influencia que ha podido tener sobre la ocupación ilegal de las viviendas el hecho de que "IU y SOC han alentado esta forma de actuar en otras ocasiones, la de ocupar lo que uno cree que le pertenece con la ocupación de fincas, por ejemplo", lo que según el portavoz popular "ahora se le vuelve en contra".

Con respecto a la actuación del alcalde del municipio, Marcos Quijada (IU), en el conflicto, Arauz consideró que "echa balones fuera echando la culpa a la Junta de Andalucía y legitima el fondo de la reivindicación, aunque no las formas".

"Tiene una confusión mental entre los hechos y lo que se debe hacer, entre lo que dice y lo que hace", añadió el edil del PP, quien lamentó que "los más perjudicados son desgraciadamente los que están allí".