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SEVILLA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -
La presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha expresado este jueves su deseo de que tras las elecciones generales del 20 de diciembre puedan aplicarse en Andalucía normas recurridas por el Gobierno de Mariano Rajoy, al que reclama "8.600 millones de euros de los andaluces" que, según ha criticado, no han llegado a la comunidad en la legislatura que ahora acaba.
Así lo ha señalado al responder en el Pleno del Parlamento a una pregunta que le ha formulado el portavoz del PSOE-A en la Cámara andaluza, Mario Jiménez, a modo de balance sobre la relación del Gobierno autonómico con el central en la legislatura en la que Mariano Rajoy ha sido jefe del Ejecutivo español.
Susana Díaz ha considerado que "no es positivo" el balance de estos "cuatro años de mucha desigualdad", y en los que la "lealtad institucional, responsabilidad y el consenso en la toma de decisiones" que ella ha defendido no se han visto correspondidos desde el Gobierno central, pese a que, según ha insistido, el Ejecutivo andaluz ha sido "leal con el Gobierno" de Rajoy "en los momentos de dificultad", en cuestiones relacionadas con la "unidad de España", pero no solo, sino también en materia de "cumplimiento del objetivo de déficit o de estabilidad presupuestaria", según ha resaltado.
"Hemos sido leales pero hemos recibido deslealtad a cambio", ha resumido la presidenta andaluza, que en esa línea ha defendido la decisión de su Gobierno de "recurrir al Tribunal Constitucional", que se ha convertido en un "órgano de apelación política", para "la defensa de los intereses de Andalucía".
Díaz ha manifestado que al Gobierno autonómico "no le gusta tener que estar pleiteando en los tribunales algo que es de derecho para los ciudadanos a los que gobierna", pero "eso no ha sido posible" ya que la "responsabilidad en el ejercicio de sus funciones y el consenso" que ha defendido la Junta no han tenido "traslación en la actitud del Gobierno de España".
La presidenta andaluza ha justificado los recursos del Gobierno andaluz en una época de "enorme cuesta arriba" para la ciudadanía por la "obsesión" del Ejecutivo del PP "con la austeridad del gasto público, por llamar así a la obsesión por la oportunidad que entendía que tenía para ellos el recorte de los servicios públicos y de derechos", así como porque "se han fijado permanentemente objetivos de déficit injustos, cargando a las comunidades autónomas", y por la "falta de acción en temas fundamentales, como el modelo de aplicación del modelo de financiación o el modelo territorial".
RECLAMACIONES AL GOBIERNO
Susana Díaz ha cifrado en "8.600 millones" de euros la cantidad de dinero "de los andaluces" que reclama al Gobierno central, de los que, según ha detallado, "6.043 son consecuencia de la mala aplicación del sistema de financiación, otros 2.525 millones han sido por el incumplimiento sistemático de la Disposición Adicional Tercera del Estatuto de Autonomía, de inversiones con Andalucía, y otros 27,2 están recurridos por la gestión del Guadalquivir y el traspaso del Hospital Militar de San Fernando" (Cádiz).
Tras señalar que "algunos" aprobasen el nuevo Estatuto andaluz "tapándose la nariz porque no creían en él", y hayan "callado" cuando han tenido "la oportunidad de pedirle al Gobierno que preside el presidente de su partido a que cumpla con Andalucía", la presidenta de la Junta ha resaltado que su Ejecutivo ha tenido que desarrollar un "esfuerzo presupuestario ingente para que los servicios públicos de los andaluces no se vieran mermados".
Además, ha criticado que "si no era suficiente" con todo ello, "en los últimos meses" desde el Gobierno español se ha puesto "sobre la mesa una regla de gasto" que no comparte, y ha aseverado que los 'populares' "destinan el crecimiento a adelantar el pago de la deuda a los bancos".
TRAS LOS COMICIOS
Después de las elecciones generales del 20 de diciembre, Díaz espera que las "normas recurridas por el Gobierno de la nación se dejen que se apliquen en Andalucía", y en concreto ha citado la Ley de Función Social de la vivienda y la subasta de medicamentos, que "es la que a día de hoy quiere copiar el Gobierno de España porque carga el coste de los medicamentos sobre las grandes industrias, que han ganado mucho dinero", según ha añadido.
Igualmente, ha dicho esperar que surja "un Gobierno sensible que asuma el pago del 50 por ciento de la Ley de Dependencia, que se está aplicando en Andalucía diez veces mejor que en aquellas comunidades donde gobierna la derecha"; un "Gobierno sensible que le dé a Andalucía simplemente lo que es de Andalucía, lo que es de derecho de los andaluces", ha resumido la presidenta, que quiere que se "acabe la asfixia financiera" y "se abra un nuevo tiempo en la política española donde se respete el autogobierno de los gobiernos autonómicos y las comunidades autónomas", así como que los ciudadanos reciban los servicios públicos "en las mismas condiciones" vivan donde vivan, "se evite que haya paraísos fiscales" en el territorio nacional y "se garantice la igualdad de oportunidades".
Ha concluido defendiendo, ante un futuro que "tiene que garantizar por encima de todo el bienestar de los ciudadanos", que en Andalucía hay un 28 de febrero "siempre presente que tiene que ser la hoja y la ruta que marque este Gobierno en el futuro de España, que esperemos que sea mejor para todos".
UN GOBIERNO "ENEMIGO DE ANDALUCÍA"
Por su parte, el portavoz parlamentario socialista ha considerado la legislatura que ahora acaba como "una de las peores que ha vivido España", entre otros por motivos económicos como "la pérdida de derechos sociales y laborales", y que ha contado con "quizás el peor presidente y el peor Gobierno que ha tenido España desde la democracia", un Ejecutivo que ha sido "enemigo de Andalucía".
Mario Jiménez ha criticado a Rajoy por su reforma laboral, por impulsar un modelo social "socavando los servicios públicos", por "privatizaciones de aquello que es de todos", por "generar desequilibrios" en materia territorial, y por concluir una legislatura "fallida para la modernización de España y su economía, para la lucha contra el paro y la corrupción".
En esa línea, ha destacado las "subidas de impuestos", el "billón" de euros de deuda pública, el que España cierre la legislatura con "los mismos parados que tenía en 2011", así como ha incidido en que los pensionistas "han visto mermado su poder adquisitivo", la "temporalidad" de la mayoría de contratos que se firman, o los "recortes" del Gobierno central en sanidad, educación o dependencia, así como "en lucha contra la violencia de género".
Para Andalucía, el balance de la legislatura en lo que atañe al Gobierno se resume, a juicio del representante socialista, en "marginación, ataque y agravio, en recorte en financiación, inversión y ataque" a su "autonomía política y financiera", a su "Estatuto y sus instituciones", en "agresiones" a "la imagen, la cultura, los símbolos o sus sectores económicos y productivos". En suma, "un Gobierno enemigo de Andalucía que solo merece un destino, la oposición", según ha sentenciado Jiménez para concluir.