MADRID, 29 Dic. (EUROPA PRESS) -
La Asociación Española de la Industria Eléctrica (Unesa) considera que no está demostrado que, como asegura el Ministerio de Industria, las eléctricas estén cobrando dos veces por los derechos de emisión de CO2 asignados y, con ello, provocando un aumento de los precios de la electricidad.
El presidente de Unesa, Pedro Rivero, afirmó durante la presentación del informe de prospectiva energética para 2030 elaborado por la patronal que "nadie ha demostrado que sea verdad que se ha cobrado dos veces" por el CO2, ya que no es posible calcular cuál hubiera sido el precio de mercado si no se hubieran asignado gratuitamente los derechos de emisión.
El Ministerio de Industria justifica la ampliación a 2012 de la detracción a las eléctricas de los derechos de emisión sobre la base de que la asignación gratuita de los mismos no hacía sino redundar en subidas de precios.
A juicio de Rivero, el cometido del real decreto en el que se contempla esta ampliación no es otro que aliviar el déficit de tarifa, cuya cuantía podría aumentar en 2008 a 4.600 millones si no se recuperara la asignación de CO2.
El Gobierno "está más presionado por el déficit de tarifa que por razones medioambientales", aseguró el presidente de la patronal, quien reconoció que, en la medida en que su organización defiende los intereses de las eléctricas, está en la "obligación" de recurrir.
PRECIO DE REFERENCIA.
Rivero pidió además que el desarrollo legal de la medida a través de una orden ministerial incluya un precio de referencia de la electricidad por encima del cual se pueda aplicar la detracción del CO2 a las eléctricas y calcular cuánto tiene que devolver cada compañía.
Este precio, estipulado en euros por megavatio hora, puede servir como punto de referencia para conocer en qué momento las compañías están internalizando la asignación gratuita de derechos y, con ello, provocando una subida de los precios finales.
El texto, señaló, es una "amenaza" en la que "no se sabe cuánto y qué se descontará a las eléctricas". Una vez fijado el precio de referencia, añadió, las empresas podrán calcular la cuantía de la responsabilidad patrimonial exigida en sus demandas.
La fijación en 2006 de un precio de referencia del 'pool' de 42,35 euros por MWh permite a las eléctricas cuantificar los daños por la detracción y, como ya han hecho algunas, presentar sus reclamaciones correspondientes a ese ejercicio.
Junto a esto, Rivero insistió en que la patronal ve "muy mal" el real decreto y confirmó que, "si saliera como está ahora", sería recurrido por las vías posibles, incluida la de Bruselas, donde se argumentaría que la norma transgrede la directiva comunitaria de asignación gratuita de derechos de emisión.
OPCIONES DE UNESA.
Dado el carácter de real decreto de la norma, Unesa no podrá recurrirla a través de un procedimiento contencioso-administrativo, y deberá acudir a Bruselas o encontrar el apoyo de algún grupo políticos dispuesto a cuestionar su constitucionalidad.
No obstante, aunque no sea en esta legislatura, la patronal confía en que el real decreto se tramite como proyecto ley y con ello contemplar enmiendas, aunque advierte de que sus exigencias son de tal magnitud que pondrían incluso en evidencia la esencia de la norma.
En todo caso, la situación ideal para la asociación es que "por vía de enmiendas la propia administración reconsidere el decreto y salga una ley que no haya que recurrir por otro lado", indicó Rivero.
El presidente del Congreso, Manuel Marín, confirmó ayer que el decreto ley no podrá tramitarse como proyecto de ley por falta de tiempo durante esta legislatura, pese a que el Pleno lo había pedido por amplia mayoría.
El decreto fue convalidado el pasado jueves por el Pleno del Congreso de los Diputados con la abstención de PP, CiU y PNV. Teniendo en cuenta que la legislatura termina el 14 de enero por las elecciones de marzo, el Congreso encargó un informe jurídico para decidir la manera en que debe abordarse la tramitación del proyecto de ley derivado del decreto.
