El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, con sede en Ginebra, ha dictaminado que un desahucio practicado en España contra una familia de origen argelino con hijos menores constituyó una violación de su derecho a una vivienda adecuada, e insta a España a tomar las medidas necesarias para ayudar a esta familia a obtener una vivienda, a otorgarle una compensación económica por la violación de sus derechos y a formular un plan integral para garantizar el acceso a una vivienda adecuada para personas con bajos recursos.