El Defensor del Pueblo no apreció "inconstitucionalidad" en la medida del Gobierno de Pedro Sánchez, aprobada el pasado mes de agosto y que suscitó polémica, que reformaba el Código Civil con el objetivo de que los hijos mujeres víctimas de violencia de género no necesitasen la autorización del padre maltratador para recibir atención psicológica.
