Las compañías japonesas experimentan más avances en gestión de riesgos, en detrimento de las empresas de Australia y Nueva Zelanda
MADRID, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -
El sector financiero es el que peor gestiona los riesgos ambientales, sociales y de buen gobierno, según un estudio elaborado por la agencia de calificación británica Ethical Investment Research Services (EIRIS), que asegura que sólo una cuarta parte de las empresas "gestionan adecuadamente estos riesgos".
El estudio --que lleva por título 'En situación de riesgo - ¿Cómo gestionan las empresas las cuestiones MSG en el Consejo de Administración?', y analizó a un total de 2.200 empresas que cotizan en el índice bursátil FTSE-All-Word Developed-- revela que la mala situación del sector financiero "se debe en parte a la escasa divulgación y una falta de reconocimiento de la importancia de estas cuestiones". En contraste, el sector de los recursos energéticos se considera "el más aplicado" en la gestión de este tipo de riesgos.
A nivel general, las empresas han experimentado "una pequeña mejora en la gestión de riesgos", ya que, entre 2005 y 2008, el número de empresas que alcanzó una puntuación media a nivel global en sus sistemas de gestión del riesgo aumentó en un 7,4 por ciento. "Sin embargo, aún existe un considerable margen de mejora", lamenta EIRIS.
Precisamente, las principales mejoras se registran en el caso de las compañías japonesas, ya que un 19 por ciento mejoró sus sistemas de gestión de riesgos. En contraste, las empresas de Australia y Nueva Zelanda son las que menos avances han experimentando, con un 0,4 por ciento del total.
RELEVANCIA INTERNACIONAL
El estudio de EIRIS también destaca el papel que han tenido iniciativas como los Principios para la Inversión Responsable (PRI) o el Global Compact de Naciones Unidas, que han ayudado a impulsar estas cuestiones en la agenda de las empresas.
Además, los reguladores de diferentes gobiernos como el danés o el noruego, han instaurado un mayor control al respecto ya que las empresas de ambos países están obligadas jurídicamente a informar sobre las cuestiones relacionadas con la RSE.
