Magistrados y expertos constitucionalistas coinciden en calificar de legal, en función de lo establecido en la ley orgánica de 1981, la intención del Gobierno de lograr una prórroga de seis meses del nuevo estado de alarma, si bien ponen reparos a cómo que se arrincona al Congreso en sus funciones de control y también a la justicia, ya que no será necesario que, como hasta ahora, los tribunales superiores ratifiquen las medidas concretas que se pongan en marcha en cada comunidad autónoma para contener la COVID-19.
