El Tribunal Constitucional (TC) ha desestimado por mayoría el recurso que presentaron los diputados del PP contra el decreto-ley que permitió paralizar los desahucios de okupas durante el estado de alarma al considerar, entre otras cuestiones, que el texto preveía una medida limitada en el tiempo que no vulneraba el derecho de propiedad de la vivienda y que tenía por finalidad un interés social: proteger a las personas en situación de vulnerabilidad como consecuencia de la pandemia.
