El magistrado del Tribunal Supremo (TS) Pablo Llarena ha eliminado el delito de sedición del procesamiento contra el expresidente catalán Carles Puigdemont pero mantiene el de malversación --que establece penas de 4 a 12 años de prisión y de 10 a 20 de inhabilitación-- e incluye el de desobediencia --que no contempla cárcel--, al tiempo que ha dejado sin efecto la euroorden dictada contra el líder independentista.
